POR Rafael Rodríguez
De acuerdo con el último Informe Legislativo presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Congreso del Estado de México, tiene un presupuesto mayor al de la Cámara de Diputados Federal. Sumado a que gastan una parte importante de los fondos recibidos en ayudas sociales, a pesar que no les compete hacerlo.
En el extenso informe se detalla que la LIX Legislatura mexiquense, que termina funciones el próximo 4 de septiembre, tuvo para el presente año un presupuesto de $1,582,062,742, lo cual significa que cada diputado tiene un costo aproximado de 90 pesos por cada habitante de la entidad. Una cifra proporcionalmente superior a la que los legisladores de otros estados como Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Puebla tienen para cada uno de sus respectivos ciudadanos.
El presupuesto por cada diputado de la legislatura saliente, en el mismo periodo, fue de $21,379,226, que resulta de la sumatoria de los 90 pesos por habitante multiplicado por las 234,728 personas por legislador.
Cabe destacar que, durante el año pasado, los diputados de la asamblea legislativa de la capital del país y el Congreso del Estado de México ejercieron en ayudas sociales 576 mdp. Cifra mayor a lo ejercido en ayudas sociales por los gobiernos de Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Aguascalientes y San Luis Potosí en conjunto.
Sin embargo, es importante señalar que las ayudas sociales NO forman parte de las funciones de un legislador, ellos no cumplen la función de “SEDESOLES”. Es decir, no deben dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública; pues esa es una tarea del Ejecutivo estatal.
Las funciones de una legislatura local son las de presentar y aprobar leyes, ratificar nombramientos, vigilar a otros poderes e Iniciar juicios políticos en casos necesarios.
No obstante, el presupuesto de egresos del Estado de México asigna a los diputados locales recursos que ejercen en acciones de desarrollo social. Este importe incluye 187 millones 500 mil pesos, del Programa de Apoyo a la Comunidad que ejercen los legisladores, el cual se orienta a la atención de las demandas ciudadanas mediante la entrega de apoyos en materiales diversos
En términos generales, el presupuesto asignado a la legislatura local en 2017 se distribuyó en: 64% para gastos personales, 19% en ayudas sociales, 13% en servicios generales, 4% en materiales y suministros, además de 1% de gastos no especificados.
En México hay diputados locales que invaden funciones que les corresponden a los gobernadores, hacen uso indebido de recursos públicos, realizan una mala planeación del gasto y asignan de manera discrecional los a presupuestos y el capital humano al interior de los congresos estatales.
Estos son algunos de los hallazgos más importantes del Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los diputados locales, un total de mil 124 en el país, pocas veces son estudiados y llamados a rendir cuentas. Dicho informe se realizó a partir del análisis de 65 marcos normativos, 32 tomos de cuenta pública, 32 portales electrónicos y 800 solicitudes de información a los congresos estatales se construyó una base de 4 mil 960 datos verificados y comparables.
Para evitar el despilfarro presupuestal en este poder, el IMCO propone una serie de medidas para las siguientes legislaturas que consiste en: apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado, o cambios sin justificación y evitar el gasto en ayudas sociales que implique el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas.
Así como, dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización, implementar un servicio profesional de carrera en los congresos y tener consejos fiscales con autonomía técnica que formen parte de los poderes legislativos locales.
