Redacción
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) abrió el registro para que profesionales del Derecho se integren a la Alianza Pro Bono, una iniciativa destinada a proporcionar servicios jurídicos gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, comunidades y organizaciones que no cuentan con recursos económicos para contratar representación legal.
La convocatoria está dirigida a abogadas y abogados con cédula profesional vigente, quienes deberán ingresar al portal www.pjedomex.gob.mx y completar la Cédula de Información mediante la plataforma electrónica habilitada para conformar el padrón de participantes.
Una vez aceptada su solicitud, las personas interesadas tendrán que adjuntar una Carta Compromiso firmada y generar un usuario para acceder al sistema, donde podrán registrar los asuntos que atenderán. El procedimiento incluye una guía para facilitar la captura de datos y el uso de la plataforma.
La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México será la instancia encargada de establecer el enlace institucional para la operación del programa y la vinculación entre profesionales del Derecho y posibles beneficiarios.
El PJEdoméx precisó que los servicios otorgados estarán bajo la responsabilidad técnica, ética y profesional de cada abogado participante. La institución únicamente facilitará la vinculación y no intervendrá en la relación jurídica con las personas beneficiarias ni asumirá responsabilidad por las actuaciones o resultados de los procedimientos.
De acuerdo con los datos difundidos por la institución, el Estado de México concentra 10 por ciento de los asuntos de defensoría pública del ámbito estatal en el país y 24 por ciento de las causas penales ingresadas a juzgados estatales de juicio oral, cifras que reflejan la demanda de servicios de representación y asistencia jurídica en la entidad.
La Alianza Pro Bono fue presentada en agosto como una estrategia para reducir las dificultades de acceso a servicios legales, mediante la participación voluntaria de profesionales que puedan intervenir en asuntos relacionados con derechos humanos, discriminación, equidad de género y litigios de interés público.
El programa establece principios de gratuidad sin condiciones, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés y continuidad en la atención de los casos. Con la apertura del registro, el Poder Judicial busca conformar una red de colaboración que permita ampliar las opciones de asistencia jurídica para sectores con recursos limitados.
