- Por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de esta institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, por hechos posteriores a los incidentes registrados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado, en los que perdieron la vida 22 personas.
La denuncia presentada por la CNDH se sumó a la investigación que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
El juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un juez determinará su situación legal; por los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial.
Al respecto, de las investigaciones realizadas hasta el momento, se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de estos con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.
Para ello, la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizó diversas diligencias, en las que las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato. Han comparecido hasta el momento más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales.
Asimismo, se ha brindado el apoyo necesario para que visitadores y personal de la CNDH, y en dos ocasiones visitadores adjuntos, estuvieran presentes en las diligencias cuando así lo solicitaron, además de que tuvieran la oportunidad de revisar todos los avances de la carpeta de investigación de manera libre y exhaustiva.
Por otra parte, en relación con los hechos materia de la denuncia de la CNDH, en el sentido del probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, es preciso señalar que hasta el momento, la investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos, toda vez que:
1. La hora de llegada del personal de esta Procuraduría al lugar de los hechos obedeció, como se ha aclarado en diversas ocasiones, a tres factores:
a) La necesidad de organizar equipos de trabajo capaces de atender un hecho de tales magnitudes; para lo cual, fue necesario reunir peritos, policías ministeriales y Ministerios Públicos de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco.
b) La distancia del lugar de los hechos; ya que desde Toluca son necesarias por lo menos cuatro horas para completar el traslado; desde Valle de Bravo, al menos dos horas y 30 minutos, y desde la Fiscalía Regional de Tejupilco, por lo menos una hora con 50 minutos.
c) Las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona; ya que los reportes de elementos del Ejército señalaban el riesgo de posibles emboscadas de grupos armados en la región donde se registraron los hechos, derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso.
2. De las declaraciones rendidas por elementos del Ejército ante la Procuraduría General de la República (PGR), se desprende que luego de los hechos, el personal castrense acordonó la zona, desvió el tránsito de vehículos por el lugar y al menos dos elementos del Ejército realizaron funciones de vigilancia a la entrada de la bodega, función que desempeñaron hasta que arribó personal de la PGJEM.
El personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue encontrado una vez que arribó al sitio.
3. Ante ello, cabe destacar que el 6 de noviembre del 2014 el juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de Alteración Ilícita del Lugar y Vestigio del Hecho Delictivo.
Esa Autoridad Judicial concluyó que los tres elementos del Ejército antes mencionados habrían cambiado la posición de armas de fuego, así como la posición de algunos de los cuerpos.
No obstante, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan; ello, sin perjuicio de que las omisiones o deficiencias que pudieron darse en el trabajo del personal de esta institución en el lugar de los hechos, también son materia de una investigación de carácter administrativo a cargo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), por lo cual han sido citados 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.
Es importante aclarar que la PGJEM tuvo a su cargo la indagatoria iniciada por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, por un espacio no mayor a 72 horas, actuando en todo momento en auxilio del Ministerio Público de la Federación, y posteriormente, la investigación quedó en manos de la PGR, dependencia que meses después, y una vez concluidas diversas periciales, como la reconstrucción de hechos, mecánica de lesiones, y la obtención de nuevos datos de criminalística y los análisis balísticos, le permitieron llegar a las conclusiones que dio a conocer a la opinión pública.
La Procuraduría estatal está en total disposición de atender todos y cada uno de los aspectos que tengan que ver con posibles irregularidades dentro de las actuaciones de sus servidores públicos; por ello, se mantiene un desglose de la indagatoria para continuar con las investigaciones.
Por cuanto hace a la reparación integral que esta Procuraduría debe realizar a las tres víctimas, cabe informar que el 15 de junio pasado se publicó en la Gaceta del Estado de México la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
Con ello, se prevé la creación de las reglas de operación por parte del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un Comité de Evaluación, el cual, una vez que sesione, determinará los montos y conceptos de la reparación integral de manera individualizada a cada una de las tres víctimas antes señaladas.
Es preciso aclarar que esta reparación integral corresponde estrictamente por los hechos que se atribuyen a servidores públicos del Estado de México en la recomendación 51/14 que realizó la CNDH.
Por otra parte, el Instituto de Atención a Víctimas de Delito ha llevado a cabo de manera pormenorizada y puntual, la atención médica y psicológica en forma continua a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares que lo han requerido; además, les ha brindado apoyos económicos para solventar sus gastos, e incluso, ha realizado acciones para mejorar su calidad de vida, entre ellas, facilitar su cambio de domicilio al Estado de México.
Por lo que se refiere a la víctima identificada como V-23, a pesar de diversas reuniones y comunicaciones sostenidas con sus representantes, se ha negado a comparecer ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, no obstante que fue citada en dos ocasiones. Estas diligencias tenían por objetivo reconocer su estatus de víctima y rendir su declaración sobre los hechos referidos.
La PGJEM lamenta esta situación, pues en todo momento se procuró mantener estándares internacionales de protección a víctimas, e incluso, se contó para ello con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que la víctima V-23 fuera citada en sus instalaciones.
La Procuraduría estatal, a través del Instituto de Atención a Víctimas de Delito, gestionó que las tres víctimas quedaran debidamente registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con objeto de que puedan acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.
Es importante señalar que más de 670 servidores públicos de esta Procuraduría han sido capacitados en materias como inspección en el lugar de los hechos, al igual que en Derechos Humanos y Protocolo de Estambul, todo ello con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. De igual manera, actualmente 500 servidores públicos se capacitan en línea en temas de Derechos Humanos, con el apoyo de la propia CNDH.
También se lleva a cabo la actualización de 10 protocolos de actuación Ministerial, Policial y Pericial, así como la emisión de nuevos protocolos sobre la investigación de delitos relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos, bajo estándares de protección a derechos fundamentales, tal como lo solicitó la CNDH.
El Gobierno del Estado de México ha atendido puntualmente la recomendación 51/14, emitida por la CNDH, para lo cual, se estima que la misma se encuentra en vías de cumplimiento, al quedar satisfechos varios de los puntos señalados. El gobierno estatal, a través de la Procuraduría mexiquense, reitera que no se tolerará a servidores públicos que infrinjan la ley, en tal virtud, todos aquellos casos que involucren probables irregularidades en la actuación del personal de esta institución, serán puestos a consideración de la Autoridad Judicial, como acontece en este asunto.
