Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
- Sergio Medina no descarta más órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la PGJEM.
La autoridad mexiquense no descarta que a la brevedad pueda liberar nuevas órdenes de aprensión contra tres de los siete ministeriales relaciones con el caso Tlatlaya, a quienes no se les puedo ejercitar acción penal hace una semana por falta de elementos y pruebas de que cometieron tortura y abuso de autoridad con las tres testigos presenciales del abatimiento de 22 delincuentes en el sur de la entidad.
Así lo dio a conocer Javier Medina Peñaloza, magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial, quien indicó que los nuevos recursos contra los servidores públicos los podrá realizar la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cuando lo crea conveniente. Aunque adelantó que la justicia mexiquense aún tardará en emitir sentencias contra algunos de los siete ministeriales del caso Tlatlaya, pues cabe recordar que contra los que se ejercitó acción penal salieron libres de manera inmediata, debido a que por el delito que se les acusó no ameritaba prisión preventiva.
“La (PGJEM) tiene el plazo que estime conveniente para ejercitar, porque es una negativa que obedece a la falta de medio o la forma de medios de prueba”, explicó.
“(Las sentencias) faltan todavía, hay que desahogar medios, hay que desahogar pruebas, hay que cumplir con las fases procesales».
Si bien Medina Peñaloza evitó abundar sobre el proceso que se continúa contra los cuatro ministeriales que se les comprobó el delito de tortura y abuso de confianza, pero fueron liberados, precisó que en dos casos sólo se cumplió ordenes de aprensión y los restantes se presentaron de manera voluntaria.
Ante los hechos, confió que los jueces procederán conforme a ley y ejercitarán acción penal contra los responsables de tortura y abuso de confianza, cometidos contras las tres mujeres sobrevivientes de la masacre en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, como lo emitió en su recomendación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cabe recordar que recientemente la Procuraduría mexiquense reconoció que a un año de los sucesos en el sur, hasta el momento 50 servidores han sido investigados. Y reconoció que aún no se ha determinado el monto para indemnizar a las víctimas sobrevivientes, aunque, adelantó, esta misma semana se establecerían los lineamentos para acceder al fondo de más de 40 millones de pesos, creado para atender personas a las que fueron violentados sus derechos humanos.
