Redacción
La Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar bienes y servicios. La reforma fue avalada con 260 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 215 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, además de dos abstenciones. Esta reforma modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y transfiere la función de la contratación de bienes y servicios de las dependencias del sector público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SFP.
La propuesta fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes argumentaron que la SFP no puede ser juez y parte, ya que su función principal es vigilar el correcto uso de los recursos. El diputado priista Javier Casique Zárate señaló que «simplemente estamos entregando la billetera sin destino, sin pies, ni cabeza, el peligro de corrupción es latente si se faculta a esta dependencia se convierte en juez y parte en absolutamente todas las adquisiciones del gobierno federal».
Además, la iniciativa también faculta a la SFP para «rediseñar» a los Órganos Internos de Control (OIC), a través de modificaciones en su estructura, y establece que sus titulares serán designados de manera directa. Los OIC son los responsables de fiscalizar el gasto en cada dependencia y esto ha sido criticado por expertos en materia administrativa y anticorrupción, quienes han alertado que tal hecho generaba un conflicto de interés.
En una sesión maratónica que duró más de 24 horas, la Cámara de Diputados también aprobó otras reformas legales, como la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la «militarización» de la seguridad del espacio aéreo y la asignación directa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la operación de infraestructura ferroviaria, como el Tren Maya. Todo esto ha sido criticado por la oposición, quienes han señalado la falta de tiempo para analizar detenidamente estas reformas.
La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados también aprobó una reforma que permitirá a la Secretaría de la Función Pública ser juez y parte en los procesos de contratación del sector público. Con 20 votos a favor y 18 en contra, dicha comisión descongeló una iniciativa del Ejecutivo federal presentada hace un año, con la que regresan a la Función Pública la realización de las contrataciones públicas, en lugar de la Secretaría de Hacienda.
La reforma es parte de las iniciativas presidenciales que Morena impulsa para el fin del periodo ordinario. Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Función Pública operará las contrataciones, pero mantiene la facultad de supervisar las compras públicas. Expertos han alertado que esto generaría un conflicto de interés, ya que la SFP sería juez y parte en los procesos de contratación y supervisión de las compras públicas
