Lilia González
Con el firme propósito de eficientar su labor, garantizar seguridad jurídica y fortalecer el estado de derecho, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar presentó al Congreso Local su iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense, la cual ya ha sido turnada a comisiones legislativas para dar inicio con su estudio y análisis.
La propuesta contempla posibilitar a los juzgadores llevar a cabo el ejercicio de la función jurisdiccional de manera transparente, pronta, expedita e ininterrumpida a través del establecimiento y utilización de herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales; y permitir la tramitación de juicios en línea; facilitar tanto a los operadores jurídicos como a los justiciables la resolución de controversias de forma ágil y sencilla.
También se plantea impulsar la consulta electrónica de expedientes judiciales, las presentaciones de promociones y la notificación de acuerdos y resoluciones; y la eliminación de costos o gastos originados por el traslado de las partes a los diversos lugares donde se ubican los órganos jurisdiccionales, así como la impresión y fotocopiado de documentos.
Prevé la creación, fusión, extinción, transformación, habilitación, cambio de denominación y fijación de competencia de algunos órganos jurisdiccionales que comprenden la implementación de políticas para la equidad de género, la creación de una sala de Asuntos Indígenas, la incorporación del sistema de precedentes en la creación de criterios jurisprudenciales, la consolidación de tribunales laborales, y la concurrencia de materias en juzgados de competencia mixta.
También se propone la creación de la visitaduría judicial como un órgano auxiliar del consejo de la judicatura cuyo objeto será verificar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para lograr un ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, así como la figura de prefectura que tiene por objeto preservar el orden y vigilancia de las instalaciones del Poder Judicial.
Por otra parte, se busca actualizar los requisitos, términos y condiciones que deben cumplir las personas que ejercen la función jurisdiccional para contar con los mejores perfiles y se actualiza el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos judiciales y la sanción de la responsabilidad administrativa, además de ampliarse las atribuciones o conductas que deben observar los mismos.
