POR Sandra CHÁVEZ MARÍN
Sin duda, la Constitución de hoy es diferente a la de 1917; contando sus reformas por cientos. Desde su promulgación, la participación de las mujeres ha aumentado significativamente, sea por el impulso de los movimientos sociales, sea por nuestra decidida presencia en la vida pública.
El movimiento sufragista mexicano impulsó el reconocimiento del derecho femenino a votar y ser votadas, pero se encontró, ya desde mediados de la década de los 30, con una simulación política que retrasó hasta 1947 dicho proceso, limitado además al ámbito municipal, y siendo hasta la reforma de 1953 que finalmente se aprobó la ciudadanía plena.
Garantizarnos el derecho al voto fue, sin duda, una de las grandes victorias, sin embargo, conciliar nuestra integración en espacios de representación, continúa con candados que limitan, o incluso determinan, qué espacios podemos ocupar, frecuentemente, basados en roles y estereotipos de género, más que en nuestras capacidades empíricamente comprobables.
Entre otras destacables, resalta una que, además de reciente, es imprescindible para comprender cómo se organizarán nuestras instituciones en el futuro próximo. En el 2014 se elevó a rango constitucional el criterio de paridad, que tiene como objetivo visibilizar y abrir puertas a la participación de la mitad de la población, constante y repetitivamente minimizada y omitida.
Resultado de ello, en 2019, el Congreso de la Unión logró la “Paridad Total”, que modifica diversos artículos constitucionales en los tres poderes y órdenes de gobierno. Esta victoria constituye uno de los mayores logros en América Latina con respecto al tema; a ella se suma, finalmente, la reforma que tipifica la violencia política de género, una de las muchas que limitan las libertades y oportunidades de las mexicanas.
Hace 104 años la Constitución sentó precedente mundial en términos de garantías individuales, hoy considerados derechos universales; muchos de los cuales aún están en disputa y son prioritarios en la conocida agenda 2030. Un ejemplo se conmemoró el 06 de febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. México debe responder al llamado internacional de la UNICEF (y colaboradores) para este 2021: «No hay tiempo para la inacción global: Unión, financiación y acción para eliminar la mutilación genital femenina». Busquemos ser defensores de la niñez desde la sociedad civil y la empatía que visibilice tales prácticas, al tiempo que continuamos luchando activamente contra otras formas de violencia sexual y obstétrica que aún se practican en el país.
Continuar cimentando la jurisprudencia sobre nuestro género es una tarea que convoca a todas y todos, en términos de legislar y llevar a la práctica. La igualdad sustantiva se forja con valores y respeto. Debemos ser partícipes del cambio para mejorar los escenarios de las generaciones venideras, así como erradicar las injusticias que prevalecen con respecto al género. Es hora de escribir la Constitución, y de pintar las instituciones, con tinta violeta, sólo así, conscientes de la deuda histórica y comprometidos con un mejor futuro, podremos alcanzar mejores condiciones para todas y todos.
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