REDACCIÓN
Por unanimidad, la 60 Legislatura exhortó al titular del Poder Ejecutivo estatal para que mediante la Secretaría de Movilidad se garantice e informe a los habitantes y visitantes del Estado de México que no aumentarán las tarifas de transporte público en la entidad.
En concreto, a la Secretaría le pide que trabaje con otras dependencias para combatir la violencia de la cual son víctimas los usuarios y los transportistas, a fin de tener un transporte económico, rentable y seguro.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario, presidido por la legisladora Mariana Uribe Bernal (morena), el punto de acuerdo fue presentado por los diputados Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, y se sumaron a él los legisladores Montserrat Ruiz Páez y Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre de morena, y Armando Bautista Gómez, coordinador parlamentario del PT.
Derivado de los anuncios de la Alianza de Auto Transportistas Autónomos de la República Mexicana, que en la entidad tienen 150 mil unidades, sobre el aumento de 10 a 14 pesos en el servicio público tras la realización de un estudio técnico en el que sustentan su situación financiera, el diputado Omar Ortega, quien presentó la propuesta en tribuna, recalcó que el incremento es injustificable, porque su autorización depende de la Secretaría de Movilidad y porque no hay un transporte seguro, ordenado y eficiente.
Por ello, llamó al Ejecutivo a tener sensibilidad y preocuparse por la economía de los habitantes y a garantizar que el incremento no se presentará hasta que no haya orden y reglamentación del transporte.
El coordinador perredista agregó que desde hace casi dos décadas se ha incrementado el costo del transporte público en cinco ocasiones con el argumento de que se mejoraría el servicio, se renovarían las unidades y se capacitaría a los operadores, además de que hace dos años se autorizó otro aumento, de 8 a 10 pesos, con la promesa de agregar a las unidades cámaras de videograbación, sistemas de geolocalización, internet, tarjetas de prepago, rutas de derroteros y gafetes y uniformes para los operadores.
Al señalar que en los últimos dos años se han denunciado 20 mil asaltos en el transporte público ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Omar Ortega subrayó que no se pueden permitir imposiciones y chantaje de las empresas de transporte.
La diputada Montserrat Ruiz Páez, expresó que el Grupo Parlamentario de morena considera el posible aumento como un golpe duro al bolsillo de los mexiquenses para un transporte con muchas deficiencias, caro e inseguro, el cual no ha cumplido con las promesas de modernización, capacitación y tecnologías de seguridad con las que consiguieron el aumento hace dos años, por lo que exhortó al Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, a que no se autorice otro incremento.
La legisladora añadió que, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se presentaron 18 mil 595 denuncias por asaltos, cifra alta considerando que 90% de las veces la gente no lo denuncia, además de que se registraron 474 muertes en los últimos cinco años.
“Por ello exhortamos también a la Secretaría de Movilidad a trabajar coordinadamente con otras dependencias para combatir la violencia de la cual son víctimas tanto usuarios como transportistas, e ir encaminando los esfuerzos para que los dos sectores tengan un transporte que sea económico, rentable y seguro”, indicó.
También de morena, el legislador Julio Alfonso Hernández Ramírez subrayó que no está en contra de los transportistas y que el aumento en el transporte público debe estar justificado, situación que actualmente no se cumple. “No existe causa fundada y motivada para incrementar las tarifas”.
El diputado Armando Bautista Gómez, líder parlamentario del PT, mencionó que están a favor del exhorto pero no del argumento, ya que se está señalando como “los malos” a los conductores por aumentar las cuotas, por lo que pidió analizar la situación también desde el punto de vista de los transportistas, quienes tienen que lidiar con los aumentos en el precio de la gasolina, casetas y cargas tributarias, además de que consideró injusto que se les culpe de la inseguridad en el transporte cuando esta es responsabilidad del Gobierno del Estado.
“Sí, que no se aumenten las tarifas porque al final el usuario es el que las estaría pagando, pero también hay que exigirle al Gobierno del Estado que asuma su responsabilidad para que juntos logremos que se disminuya la tarifa pero que los transportistas tengan el suficiente ingreso para estar bien con sus familias”, dijo.
