Por Lilia González
Para erradicar la corrupción y la discrecionalidad con la que operan los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transporte, con Planeación, Gasto Público y la de Finanzas Públicas iniciaron el análisis de dos iniciativas que buscan su regularización.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena busca regular su operación y sus tarifas; mientras que la iniciativa de la bancada de Acción Nacional es complementaria, pretendiendo terminar con los actos de corrupción con los que las grúas operan en la entidad.
El diputado morenista Adrián Manuel Galicia Salceda refirió que, en la entidad, la carente infraestructura, la falta de control sobre los vehículos automotores ingresados a los depósitos de vehículos, la nula transparencia en los cobros de los servicios brindados por los mismos, los robos de autopartes sucedidos dentro de estos espacios, entre otras cosas, ponen en duda si es un servicio a la ciudadanía o un “atraco”; puesto que en algunos casos es mayor el cobro de la tarifa que incluso el propio valor del vehículo.
“En el Estado de México existen algunos grupos que gustan de aprovecharse de las necesidades sociales y problemáticas de las personas al vislumbrar vacíos jurídicos, como es el caso de los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos”, señaló.
Con dicha propuesta, se dijo, se busca apostarle a la regularización de los más de 100 corralones que existen en la entidad y regular tarifas, puesto que actualmente cobran entre 20 mil y 30 mil pesos por el arrastre.
En tanto, la iniciativa del PAN persigue tres objetivos: proponer que en ningún caso el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa sea mayor a la infracción; que los conductores que demuestren no ser responsables de la comisión de una falta administrativa y no realicen una acción u omisión que pueda dar lugar a la tipificación de un delito, queden exentos del pago de la liberación del vehículo; y que las grúas cuenten con cámaras de video para inhibir actos de corrupción.
Tras su análisis, los integrantes de las comisiones acordaron citar a reuniones de trabajo a funcionarios de dependencias estatales involucradas en el tema como: Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para robustecer las propuestas.
