El 50% de los 328 millones de pesos previstos a obtener mediante la subasta de los inmuebles será para salud y el otro 50% para pensiones.
Por Lilia González
El director jurídico consultivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Javier Quijano Romero, aseguró que el recurso obtenido de la desincorporación y subasta de los 22 inmuebles del Instituto serán ejercidos con plena transparencia.
Tras un diálogo sostenido con los integrantes de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, indicó que se tiene previsto obtener 328 millones de pesos por su venta, de los cuales, el 50 por ciento de este recurso iría para el rubro de salud y el otro 50 por ciento para pensiones.
“No pretendemos que se vea como un rescate financiero; si bien es importante la cantidad que se obtendría, no es suficiente para salir de la difícil situación en la que se encuentra el Instituto”, dijo.
En su momento, el director general de Legislación y Estudios Normativos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, Javier Domínguez González, expuso que hoy en día el Instituto cuenta con una población derechohabiente cercana a 841 mil personas, a quienes se les debe de brindar un buen servicio y dar garantías al momento de su pensión y otros servicios.
Si bien admitió que en su momento han tenido rezagos en la tramitación de pensiones, afirmó que han logrado atenderlas, teniendo hasta el momento un pendiente de 10 mil solicitudes entre 2020 y el presente año.
En otro tema, comentó que a consecuencia de la pandemia, las solicitudes de seguros por fallecimiento han incrementado de manera acelerada toda vez que, en promedio, el ISSEMyM recibía cerca de mil 500 solicitudes; sin embargo, durante el presente año se han recibido 5 mil 653 solicitudes.
“Para lo que llevamos al 2021 hasta octubre, traemos 5 mil 653 solicitudes, es decir, cuatro veces lo que se genera en un año de manera normal, así de atípico fue esto, lo que implica un gasto importante para el Instituto, porque estos seguros están siendo pagados conforme lo indica la ley, en 500 veces el salario mínimo; hablamos de cerca de 70 mil 800 pesos por seguro”, explicó.
Por otra parte, recalcó que prácticamente el 40 por ciento del trabajo que realiza el departamento de Pensiones y Control Documental se va a la basura, puesto que del 60 por ciento de las solicitudes recibidas sí tienen un interés real de jubilarse, mientras que el 40 por ciento restante únicamente realizan su trámite para consultar el estatus en el que se encuentran o si cumplen o no con sus años cotizados.
Ante una amplia exposición, los diputados de la Comisión acordaron seguir analizando el tema para proceder a la dictaminación del mismo.
