REDACCIÓN
Al analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el mundo, especialistas de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC) se pronunciaron por la superación de los programas asistencialistas para desarrollar en su lugar programas de solidaridad social y autodependencia, además de plantear las acciones de intervención directa que le corresponden al Estado, particularmente en materia de educación y empleo.
Durante el foro Los derechos económicos, sociales y culturales, del Seminario Internacional El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos: desafíos mundiales para el Estado Constitucional, organizado por la RIEC, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por Jorge Olvera García, y la Universidad Autónoma del Estado de México, los constitucionalistas expresaron que los derechos a la alimentación, vivienda adecuada, educación, salud, seguridad social, al agua, al saneamiento, al trabajo y a la vida cultural, deben ser alcanzables a través de políticas públicas eficaces, y ejercerse a plenitud en el marco del Estado de Derecho.
Coincidieron en señalar que durante la emergencia sanitaria ha sido evidenciada la fragilidad del cumplimiento de los DESC, su interrelación e interdependencia, por lo que la situación actual de esos derechos es el resultado de un modelo de desarrollo dominante de desigualdad social, política y económica global, que afecta particularmente en algunas regiones del mundo, como la latinoamericana.
Apuntaron que esta pandemia ha hecho evidente con claridad el abuso de los recursos planetarios y sobre todo la vulnerabilidad de la especie humana; la cual se manifiesta con mayor impacto en las personas y grupos que viven en condiciones de marginación y pobreza, sin servicios básicos para la vida y la salud, sin la posibilidad de acceso a la educación y a un trabajo decente, por lo que la situación actual convoca a realizar una profunda revisión de las acciones para su atención, así como para afianzar los valores fundamental en que se sustentan.
Coincidieron en que la pandemia por COVID-19 debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo de la humanidad y de los derechos humanos, en especial de los DESC, por lo que invitaron a la superación de los paradigmas constitucionales que históricamente han impedido a los derechos colectivos avanzar con mayor eficacia.
En ese sentido, concluyeron que es necesario reforzar la evaluación de las políticas y programas gubernamentales, para que transiten de un criterio asistencial, hacia un modelo de desarrollo y autodesarrollo de las comunidades, con medidas de intervención directa en donde la educación y las posibilidades de empleo tengan un papel fundamental.
