* Caso Tlatlaya no es un asunto del gobierno estatal, expuso secretario General de Gobierno.
A pesar de que ya han pasado cinco meses de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación de garantías de tres personas y ejecuciones de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, autoridades del gobierno estatal consideran que no se pueden poner plazos para emitir las respuestas correspondientes.
Lo anterior ante presiones de organizaciones civiles e internacionales, que acusan que no ha existido castigo para los funcionarios involucrados en los hechos, además que las víctimas directas e indirectas podrían ascender a 53, de acuerdo a la Comisión de Atención a Víctimas.
A decir de la Secretaría General de Gobierno, la condiciones para dar con funcionarios responsables que violaron las garantías y derechos de las personas involucradas en Tlatlaya, no es un asunto del gobierno estatal, ni mucho menos de un poder del Estado de México.
«No es un tema que tenga que ver con el estado… nadie nos puede poner los plazos porque no es un asunto que solamente esté viendo el poder ejecutivo, seguramente lo estará viendo en su momento el poder judicial», expresó el encargado de la política interna de la entidad José Manzur Quiroga.
Reiteró que si las investigaciones ejecutadas por el gobierno estatal a través de la Procuraduría mexiquense, arrojan que servidores públicos violaron los derechos de personas involucradas en la masacre en el sur del territorio, garantizó se castigará conforme a derecho.
«Si en el Estado de México alguien resulta culpable, si algún funcionario o empleado de la procuraduría resulta culpable de algo, será castigado», aseguró.
El funcionario estatal consideró que cada una de las instancias que han intervenido y que intervendrán en el caso Tlatlaya, aún tienen que aportar, pues el mismo es un asunto de relevancia a nivel nacional.
