«Su retraso implica retroceder en la estrategia para tratar de mitigar las alertas, tanto por feminicidio, como por desaparición»
Por Lilia González
La presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo, refirió que de los 11 municipios que cuentan con alerta por violencia de género, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli son los más rezagados en la aplicación de su presupuesto.
Indicó que el motivo principal por el cual no han podido ejercer plenamente su recurso ha sido por registrar laudos laborales, lo que ha implicado que cuenten con embargos de cuentas que dificultan la distribución de este mismo.
En lo general, comentó, a Naucalpan le correspondían 7.2 millones de pesos, contando con una alerta, la de feminicidio, mientras que a Cuautitlán Izcalli más de 9 millones por ambas alertas: feminicidio y desaparición.
“A la fecha, tenemos dos municipios que hasta el momento no han podido hacer uso de sus recursos, por laudos laborales y que les han embargado cuentas: Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, este último acaba de resolver su situación y estamos viendo cómo ejercer su recurso todavía al final de la administración”, dijo.
Lo anterior al puntualizar que en el caso de Naucalpan la situación es más complicada, previendo que no pueda hacer uso de la parte que le corresponde para tratar de mitigar la alerta.
Al instalar formalmente la comisión, Labastida Sotelo destacó que se habrá de mejorar la respuesta legislativa que se da ante el aumento de los feminicidios y las desapariciones de mujeres, afirmando que habrá de incidir para la generación de políticas públicas para su prevención, erradicación y atención.
Enfatizó que además de dictaminar las iniciativas, la Comisión tiene tareas pendientes. En relación con la alerta por feminicidio, indicó que se deberá conformar un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal relacionada con los derechos de las mujeres, para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos y generar una agenda legislativa para derogarlas.
Mientras que para la alerta por desaparición, indicó que se deberán modificar leyes que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, para que familiares de las víctimas tengan acceso a la reparación integral del daño y haya suficiencia presupuestal para atender el tema.
