* Autoridades continúan las investigaciones para que se aplique la ley de acuerdo a derecho.
Si bien hasta la fecha ningún alto mando ha sido investigado por la masacre de 22 presuntos delincuentes por parte del Ejército en el municipio de Tlatlaya, ya se procedió con la suspensión de 10 servidores de menor rango de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
A la par el gobierno estatal creó un fideicomiso para resarcir el daño a las tres mujeres testigos y sobrevivientes del enfrentamiento ocurrido hace 10 meses en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, del municipio sureño, pues dos de ellas estuvieron en una prisión de Nayarit.
A pesar del atraso de las investigaciones, el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga aseguró que los hechos no quedarán impunes, ya que afirmó son los primeros interesados en que se aplique la ley, aunque indicó el encargado del caso es el gobierno federal.
“Están en estos momentos en investigación, inclusive algunos de ellos suspendidos…me recuerdo que eran algunos policías y que fueron algunas personas que estaban de periciales de la Procuraduría, alrededor de diez funcionarios” informó.
Sobre el fideicomiso, negó que hasta el momento las tres víctimas se hayan acercado para pedir la compensación económica, aunque garantizó que el mismo será apegado a los estándares internacionales de derechos humanos, organismos que consideró serán quienes tendrán que establecer el monto a pagar.
Aunque el encargado de la política interna del estado, aseveró que en todo momento el personal de la Procuraduría mexiquense ha estado en contacto con las víctimas.
Sobre las recomendaciones emitidas al gobierno estatal por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Manzur Quiroga reportó que siete de las ocho se encuentran en pleno curso, adicionalmente a la reparación del daño.
