Advierte Concaem que si bien existe la necesidad de incrementar la recaudación, no se deben inhibir las inversiones.
Por Lilia González
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, refirió que los empresarios deben forman parte del análisis y discusión de la propuesta del Ejecutivo para establecer el impuesto cedular a la actividad empresarial, a efecto de evaluar el impacto que tendría en la inversión y la generación de empleos.
De manera general, señaló que el análisis y estudio sobre los nuevos impuestos que se pretenden imponer para 2022 en la entidad, no puede llevarse a cabo de manera exclusiva en el orden político y solo entre representantes de la Legislatura, pues son las empresas y los trabajadores quienes deberán vivir con sus implicaciones.
“El sector empresarial formal siempre cumple y cumplirá con sus obligaciones, apostando a mejorar la calidad de vida de la población, para vivir en un estado de derecho y certeza. La mejor política de recaudación fiscal siempre será la que empresas y ciudadanía aportemos, de manera que se genere un ambiente de legalidad y equidad de circunstancias”, comentó.
Si bien el sector empresarial reconoce la necesidad que existe de incrementar los recursos con los que cuenta el Estado, para atender temas de servicios públicos, educación, salud y seguridad, entre otros, Sauza Martínez indicó que por lo que corresponde a la propuesta de un impuesto a personas físicas o morales por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera: debe reconocerse que la Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada en el país, y la del Valle de Toluca la cuarta con peor calidad del aire, por lo que las medidas para revertir esas condiciones, más que recaudatorias, deben orientarse al impulso de inversiones que reduzcan la emisión de contaminantes, avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, prevenir y evitar enfermedades entre la población, de manera que se mejore su calidad de vida.
En el caso del impuesto a casas de empeño, explicó que una tasa del 5 por ciento como gravamen ante la venta de los productos permitiría fortalecer las finanzas públicas e impactaría de manera eficiente en la prevención del lavado de dinero y la inseguridad, en lo que respecta al robo de mercancías o pertenencias.
En lo referente a los impuestos cedulares, señaló que de acuerdo con la tasa impositiva de 5 por ciento establecida en la propuesta, se tendría un efecto directo menor al 3 por ciento directo en el pago del impuesto causado por la deducibilidad directa que tendría este impuesto, respecto del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aseguró, además, que este impuesto no significará una sobre regulación a quienes hoy ya tributan o que sea un factor que inhiba la llegada de inversión al territorio estatal e impacte en la generación de empleos. “Si bien este impuesto tiene las posibilidades de ser deducible, las condiciones operativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el último año, han complicado que las y los contribuyentes puedan cumplir -de manera rápida y eficiente- con sus trámites y procedimientos”, dijo.
