Por Lilia González
Durante el desarrollo de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Abierto, Laura González Hernández, vicepresidenta de la Comisión y presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), planteó una propuesta para la reforma Constitucional del Estado de México, basada en seis puntos que permitan crecer y reposicionar a la entidad.
En el primer punto, propone robustecer la participación ciudadana para hacerla más activa; el segundo, enfatiza que es necesario establecer como obligatorio implementar un plan municipal de desarrollo económico donde se promueva la apertura rápida de empresas y se faciliten trámites; tercero, que se obligue, desde la contratación, sean practicados exámenes de control y confianza que deriven en una certificación para los servidores públicos estatales y municipales, a fin de contener futuros actos de corrupción; cuarto, reformar la Ley de Seguro de Desempleo aprobada en 2011, la cual no ha entrado en vigor por falta de instrumentos legales que permitan al Poder Legislativo activarla ante casos de emergencia.
De igual manera, en el quinto punto le apuesta a establecer como un derecho ciudadano el contar con acceso a infraestructura digna de los lugares donde se generan fuentes de empleo y efectuar el aprovechamiento de algunos impuestos recaudados para lograr objetivos de infraestructura productiva e incentivos fiscales, laborales, financieros que abonen a la recuperación económica.
En dicha Comisión, presidida por Joaquín Vela, se analizan 16 iniciativas ciudadanas que engloban también propuestas para crear un apartado sobre los emprendedores: para crear talleres de emprendimiento; en materia de fomento de nuevas empresas, protección a empresas existentes y salario digno; así como activar una plataforma para dar empleo a los jóvenes recién graduados, entre otras.
