Redacción
La diputada María Luisa Mendoza, integrante del parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura local, presentó una propuesta destinada a establecer la Contraloría Social en la supervisión de los Programas Sociales y la Obra Pública a nivel federal, estatal y municipal.
Esta iniciativa tiene como propósito primordial salvaguardar los recursos de carácter público y contribuir al cierre de la brecha de desigualdad y pobreza. Todo ello se lograría a través de la promoción de valores fundamentales como la transparencia, la obligación de rendir cuentas y la participación activa de la ciudadanía en el proceso.
La presidenta de la Sexagésima Primera Legislatura, en consonancia con esta propuesta, ha expresado que la inclusión de los ciudadanos en los asuntos de la esfera pública es esencial para el fortalecimiento de los lazos entre la sociedad y el Estado, en aras de lograr una sociedad y una nación caracterizadas por la democracia y la participación.
Así pues, la función asignada a esta Contraloría Social consistiría en la supervisión, el seguimiento y la evaluación de la administración de los recursos de dominio público, garantizando en todo momento la transparencia, eficacia y legalidad en su utilización.
La génesis de esta propuesta se nutre de los datos recopilados en el Informe General de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2022, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
Dicho informe reveló que algunas entidades municipales no presentaron sus informes trimestrales, obviando así la rendición de cuentas en lo concerniente a su situación económica, finanzas públicas, patrimonio y proyectos de obra pública. Esta carencia de información subraya la insuficiente participación de la sociedad en la formulación y valoración de los proyectos sociales y públicos.
Ante esta realidad, la coordinadora del bloque parlamentario del Partido Verde Ecologista ha señalado la imperiosa necesidad de incorporar la vigilancia ciudadana en el ejercicio de la administración pública. En sus palabras, esta vigilancia serviría como instrumento para demandar responsabilidad y transparencia a los gobernantes en sus actuaciones. En última instancia, la propuesta busca establecer un nuevo paradigma de relación entre el gobierno y la sociedad, promoviendo una colaboración activa y un contrapeso efectivo que beneficie a ambas partes.
