Proponen crear Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado

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Lilia González

Al asegurar que el principal problema del Estado es la corrupción, la administración de los recursos y bienes del Estado, y que 9 de cada 10 mexiquenses perciben que los actos de corrupción son muy frecuentes en la entidad, la diputada Azucena Cisneros Coss presentó una iniciativa para crear el Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Explicó que con este, los ciudadanos podrían adquirir bienes decomisados a particulares o servidores públicos obtenidos mediante actividades ilícitas, y cuyos recursos serían destinados a obras y acciones en beneficio de la gente, especialmente en zonas marginadas.

“La iniciativa señala la necesidad de que los bienes asegurados al crimen organizado dejen de ser ‘recompensa’ para el Poder Judicial y la Fiscalía mexiquense, para convertirse en factores de resarcimiento para la sociedad”, sostiene.

Para ello, propone expedir la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes del Estado de México; reformar el artículo 21 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios; y abrogar la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de México.

De manera general, la propuesta pretende que el Estado cuente con un mecanismo ágil, transparente y sencillo para la venta de los bienes que no se encuentran afectos a la prestación de servicios públicos, que permita al Gobierno estatal eliminar costos de administración e incluso allegarse de recursos financieros que apoyen a cubrir el gasto público, optimizando de esta manera el ejercicio del mismo; además, contempla opciones para concretar la venta de los bienes, a efecto de que además de la licitación pública, se puedan realizar procesos de subasta, remate y adjudicación directa.

“Durante años, la administración de los recursos y bienes del Estado ha carecido de un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, provocando en algunos casos el quebranto de sus instituciones en perjuicio de miles de beneficiarios, y las evidencias abundan”, dijo.