El impacto más significativo será para los propietarios de vehículos legales, ya que la regularización del contrabando provocaría una baja en el valor de hasta 20%.
Por Guadalupe de la Cruz
Luis Antonio Bolaños Alvarado, presidente de los Distribuidores de Automotores del Estado de México, lamentó que la propuesta de regularización de vehículos ilegales que dio a conocer el Ejecutivo federal no solo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el país, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande.
“En un mercado contraído por las repercusiones de la pandemia de Covid-19 y la crisis de los semiconductores, el presidente López Obrador anunció que este sábado 16 de octubre firmará un decreto para legalizar el contrabando automotriz, el cual representa un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos y es un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de autos”, enfatizó.
El líder empresarial recordó que el 27 de junio el presidente anunció originalmente un programa de regularización de vehículos importados que circulan ilegalmente en estados fronterizos, dicho anuncio provocó que durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados creciera entre 69.8 y 84.9 por ciento, lo que representa 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales; la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse.
Bolaños Alvarado destacó que el impacto más significativo será para los propietarios de vehículos legales, ya que la regularización del contrabando provocaría una baja en el valor de hasta 20 por ciento de las unidades del mismo año-modelo nacionales, debido a la sobreoferta que se generará.
“El propietario, al notar que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, posponiendo aún más la modernización del parque vehicular y afectando a la cadena de comercialización de automóviles nuevos y seminuevos”, advirtió.
Finalmente, el presidente de AMDA Estado de México hizo un llamado a las autoridades de los 3 niveles de Gobierno para procurar sistemas de transporte eficientes y sustentables para la ciudadanía, que mitiguen el impacto de esta medida populista.
