Lilia González
Para este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtendrá un presupuesto de 4 mil 753 millones de pesos, teniendo un incremento de 250 millones con respecto al 2022; sin embargo, gran parte del monto presupuestario ya fue etiquetado para fines específicos.
El presupuesto asignado considera recursos por 90 millones a efecto de fortalecer la atención de delitos vinculados a la violencia de género, de los cuales, 22.5 millones serán orientados para atender la operación de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres, y la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares.
Otros 22.5 millones irían destinados a dar continuidad a la operación de los albergues para víctimas del delito de trata; 22.5 millones para dar seguimiento a las acciones consideradas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio y 22.5 millones para atender la Alerta por desaparición, de niñas, adolescentes y mujeres.
De igual manera, se precisa que la fiscalía será la encargada de la administración de dichos recursos y deberá implementar los mecanismos necesarios para su operación, dándolos a conocer a través de la Gaceta del Gobierno a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2023.
Por otra parte, para operar el programa Procuración de Justicia con Perspectiva de Género se le asignó a las Secretarías de Justicia y Derechos Humanos, y de las Mujeres 110 millones de pesos que forman parte del Capítulo 4000 correspondiente a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Estos recursos, se ha dicho, serán aplicados en los siguientes proyectos: 57 millones para la reparación a víctimas u ofendidos del delito de feminicidio, 35 millones para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición y 18 millones para la canasta alimentaria por el delito de feminicidio.
