El Grupo Parlamentario del PVEM propone reformas para que se penalice con hasta 10 años de cárcel a quien incumpla en el pago a proveedores.
Sustenta que Atizapán, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla se encuentran dentro de los 25 municipios más endeudados del país.
Por Lilia González
Con el objetivo de sancionar a todos aquellos funcionarios municipales que incumplan en el pago a proveedores y hereden dichos adeudos a las siguientes administraciones, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia del proceso de entrega-recepción.
La diputada proponente, María Luisa Mendoza Mondragón, recalcó que es necesario reformar el marco jurídico que haga referencia a: la contratación de bienes o servicios por parte de los municipios, los principios bajo los cuales se debe llevar a cabo una contratación, la incorporación del incumplimiento de pagos a particulares como una falta administrativa grave y las sanciones aplicables de acuerdo a las responsabilidades de las cuales sea objeto el servidor público.
Ante lo anterior, indicó que se busca evitar que las administraciones públicas municipales salientes adeuden pagos a proveedores por la contratación de bienes y servicios, y que estas sean heredadas a las administraciones entrantes.
“Se ha vuelto una costumbre que los gobiernos municipales no liquiden los adeudos contraídos con sus proveedores y que, ante la conclusión de sus periodos constitucionales, hereden dichos pasivos al gobierno entrante, lo cual va en detrimento del ingreso de miles de empresas que viven de comercializar todo tipo de bienes y servicios a las dependencias gubernamentales”, recalca la propuesta.
A la par, fundamentó que de conformidad con el estudio de Obligaciones Financieras de los Municipios de México al cuarto trimestre de 2020, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dentro de la lista de los 25 municipios más endeudados del país destacan Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla, “a pesar de que el total de deuda de dichos municipios no corresponde, únicamente, a adeudos con proveedores, es de suma importancia su señalamiento”, dijo.
Con la propuesta que contempla reformas a la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, al Código Penal y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se pretende que a quienes incumplan con el pago a proveedores, se les pueda sancionar no solo por la vía administrativa, sino también penal, al incurrir en el delito de obstrucción a la inversión.
Alcanzando con ello una pena que va de hasta 5 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 días multa, así como la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por el mismo periodo.
