REDACCIÓN
La Junta de Andalucía condenó a 19 ex funcionarios locales y militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por malversación de fondos y prevaricación, todos relacionados con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por el mal uso de dinero público entre 2000 y 2009, informó hoy la prensa local.
El gobierno andaluz resolvió que de los 21 ex funcionarios llevados a juicio en el caso de los ERE: 10 cumplirán su pena en prisión, en periodos de seis a nueve años, dos serán absueltos y el resto serán inhabilitados del sector público, publicó el diario La Vanguardia.
Dos expresidentes de la Junta andaluza, Manuel Cháves, quien gobernó del año 1999 al 2009 y José A. Griñán (2009-2013) recibieron una condena de nueve y seis años de prisión, respectivamente, informó el diario El País.
Los ERE fueron creados por el gobierno andaluz como un apoyo a las empresas en crisis con personal prejubilado o despedido que solicitaba estos recursos, ya que a la empresa sería imposible emitir los pagos.
El fondo almacenaba 680 millones de euros. La prestación era otorgada por medio de “transferencias de financiación” poco reguladas con la intención de “agilizar los pagos”, lo que permitió un uso irregular del dinero.
La jueza Mercedes Alaya abrió en 2011 un expediente para revisar casos de corrupción en la entrega de los ERE. Esto originó el procesos más emblemático anticorrupción del país, detalló el rotativo El Mundo, en su página web.
Ese mismo año detuvieron a Francisco Javier Guerrero, antiguo ministro del trabajo en la junta local.
En el año 2012 el chofer de Guerrero declaró ante la jueza que recibió al menos un millón de euros en una sola exhibición como beneficiario del programa y que al menos 250 mil euros mensuales eran destinados a la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe, lo que convirtió al caso en un escándalo.
Alaya, quien llevaba la investigación junto con la Guardia Civil, fue apartada de su puesto. La ex jueza asegura que el PSOE hizo todo lo posible por retirarla del caso, desde entonces siete jueces han atendido este proceso.
Las investigaciones determinaron que había al menos tres grandes salidas ilegales de los 680 millones de Euros: 12.3 millones a intrusos, como fueron llamado los conocidos y familiares de los funcionarios, 73,8 millones a empresas que no cubrían los requisitos mínimos para recibir los ERE, mientras que 60 millones fueron empleados en consultorías.
El caso agrupa a al menos 507 imputados y las carpetas contienen 146 piezas separadas, que refieren a los receptores ilegales de estos recursos y que continuarán siendo analizados.
