* Para 3 mil 252 reos de las FARC.
Bogotá.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un decreto que concedió amnistía por vía administrativa a tres mil 252 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), relacionados con delitos políticos y conexos.
La firma del decreto ocurre 13 días después de completada la entrega de armas individuales de los miembros de las FARC, verificada por la Misión de las Naciones Unidas, como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y la mayor guerrilla del país.
«Con la firma de este decreto, en total siete mil 400 miembros de las FARC han resuelto su situación jurídica, de los cuales seis mil 005 han sido amnistiados por decreto y mil 400 por la vía judicial», indicó el ministro de Justicia, Enrique Gil.
El funcionario agregó que «con respecto a las amnistías otorgadas por los jueces, estamos trabajando con los abogados de las FARC, con el Consejo Superior de la Judicatura, en agilizar y buscar todos los mecanismos» para culminar el proceso.
A su vez, la Misión de la ONU indicó que en el proceso de recolección y destrucción de armas, han sido ubicadas 660 «caletas» (escondites), de las cuales 456 está planeada la extracción del contenido.
En otras 94 se han extraído 321 armas y se han destruido nueve toneladas de explosivos, más de mil 100 granadas de mano, 329 minas antipersona y cerca de nueve mil 500 municiones de armas ligeras y de morteros.
El decreto firmado este lunes es el tercero de aplicación de la amnistía de iure, exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada.
Los beneficiaros tuvieron que firmar el acta en la que se comprometieron a no volver a alzarse en armas contra el Estado y a cumplir todas las obligaciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. La amnistía «constituye un hito frente a los procesos de paz en el resto del mundo, que han consistido en procesos de desarme y desmovilización más que en procesos de tránsito a la legalidad y de reincorporación, con el compromiso que frente al Estado de Derecho esto conlleva», señaló la Casa de Nariño.
