Redacción
Un llamado de atención se ha dirigido a la administración de Donald Trump por parte de Naciones Unidas debido a la destitución y reasignación de funcionarios judiciales en Estados Unidos. La experta en derechos humanos Margaret Satterthwaite expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en el estado de derecho y la independencia judicial.
Desde el 20 de enero de 2025, una serie de fiscales, abogados y jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos sin seguir procedimientos regulares. Entre los afectados, se encuentran fiscales del Departamento de Justicia que participaron en investigaciones sobre el presidente Trump o en casos relacionados con el asalto al Capitolio en 2021. Algunos de estos funcionarios han optado por renunciar tras considerar inapropiadas ciertas acciones que se les solicitó ejecutar.
Estas destituciones han ocurrido en un contexto en el que miembros del gobierno han hecho declaraciones públicas descalificando a jueces y fiscales, calificándolos como herramientas de la administración anterior. En paralelo, el 5 de febrero de 2025, el Fiscal General anunció la formación de un grupo de trabajo enfocado en examinar las acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley durante los últimos cuatro años. Esto ha generado inquietud sobre la posibilidad de que las destituciones sean el inicio de una reestructuración más amplia, en la que los funcionarios removidos sean reemplazados por personas leales a la nueva administración.
En el Congreso, se han presentado artículos de «impeachment» contra jueces federales que han fallado en contra del gobierno, mientras que altos asesores legales de las fuerzas militares también han sido relevados de sus funciones. Estos funcionarios desempeñaban un papel clave en asegurar que las acciones militares se ajustaran a la ley y al derecho internacional humanitario.
La Relatora Especial de la ONU ha enfatizado la importancia de un sistema judicial independiente para la preservación del estado de derecho y la separación de poderes. En este sentido, ha instado al gobierno de Estados Unidos a cesar cualquier interferencia en la justicia y permitir que las decisiones judiciales se guíen por la legalidad y no por intereses políticos.
