* La ex presidenta considera un «golpe» parlamentario.
Río de Janeiro.- Primera presidenta de la historia de Brasil, esta hija de un inmigrante búlgaro, elegida por Luiz Inácio Lula da Silva como su heredera, fue destituida ayer en un controvertido juicio que Dilma Rousseff considera un «golpe» parlamentario.
Suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo, cuando el Senado aprobó la apertura del proceso de «impeachment», la vida de esta economista de 68 años está marcada por su pasado como ex militante de la organización de izquierda Política Operaria (POLOP) y por la tortura sufrida durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).
Un momento oscuro de su historia personal y de la de Brasil que evocó y la emocionó en su alegato final en el Senado, el lunes 29 de agosto, en un discurso histórico en el que dijo que su destitución por medio de un juicio político que considera sin fundamentos supone una «ruptura institucional» para el país.
«Hoy solo temo a la muerte de la democracia por la cual muchos de nosotros en este plenario luchamos», dijo Rousseff en el Senado, conteniendo visiblemente las lágrimas.
Anclada desde su reelección en cotas históricamente bajas de popularidad que rondan el 10 por ciento, la presidenta vio su áurea política erosionada por los escándalos de corrupción en su Partido de los Trabajadores (PT) y por la peor recesión económica de los últimos 80 años en Brasil.
De temperamento firme y discurso enrevesado, Rousseff fue depuesta del poder con 61 votos en contra y 20 a favor en el marco de un juicio político fundamentado en un supuesto «crimen de responsabilidad» en el manejo de las cuentas públicas 2015, pero no pesan cargos o sospechas contra ella de enriquecimiento ilícito.
Con todo, la ex mandataria logró una victoria final en el Senado, al obtener que el Senado no la inhabilitara para ocupar cargos públicos por ocho años, como sucedió con el precedente de Fernando Collor en 1992.
Fiel lugarteniente del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sus dos mandatos (2003-2010), en cuyo gabinete fue ministra de Energía y Minas y jefe de la Casa Civil, Rousseff no logró mantener una base estable y amplia en la Cámara Baja para aprobar las reformas que un país con casi 12 millones de desempleados necesita.
Desde la misma noche de la elección electoral en que fue reelecta, en octubre de 2014, quedó claro que debería tejer alianzas con una Cámara Baja de mayoría conservadora para poder sacar adelante las reformas.
En sus casi 15 meses de segundo mandato Rousseff no supo lidiar con el Legislativo, dominado por caciques y por una élite política que exige contrapartidas -muchas veces personales- a cambio de apoyo.
En ese tiempo la crisis económica sacó a millones de personas a las calles del país hasta en seis ocasiones y, en el Legislativo, la oposición se valió de la controvertida figura de Eduardo Cunha -entonces presidente de la Cámara Baja- para sacar adelante el proceso de juicio político e interrumpir un ciclo de 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores (PT).
Lejos de bajar los brazos, Rousseff prometió «lucha» y criticó públicamente a Michel Temer, su vicepresidente desde 2011 y ahora nuevo presidente de Brasil, a quien acusa a comprometer el legado social que ella y el PT dejan para un país que habría logrado una reducción histórica de la pobreza.
Su legado está marcado por la extensión de los programas sociales impulsados por Lula, en especial el de vivienda para rentas bajas y el Bolsa Familia, una pensión básica que llega a 46 millones de brasileños y que ha sido elogiada por Naciones Unidas.
Uno de sus grandes fracasos es la gestión de Petrobras, buque insignia de la emergencia de Brasil y cuyo consejo de administración dirigió antes de asumir la presidencia del país.
Azotada por el mayor escándalo de corrupción de la historia del país, la estatal brasileña está fuertemente endeudada y tiene su credibilidad internacional en jaque, pese a ser gestora de inmensas reservas de petróleo.
