Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
- «Deficiencias, omisiones e insuficiencias» pudieron derivar en algo «mal hecho»: Alejandro Gómez.
- En comparecencia ante diputados, procurador acepta que percepción ciudadana aún es de inseguridad.
Tras admitir que la percepción ciudadana aún es de inseguridad pese a las cifras y estadísticas positivas que ha reportado el gobierno estatal, el procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez admitió que existieron «deficiencias, omisiones e insuficiencias» en las investigaciones en el Caso Tlatlaya, situaciones que influyeron en el resultado y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Ante integrantes de la Cámara de Diputados y el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, el encargo del Ministerio Público mexiquense detalló que las diligencias para atender las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército Mexicano, no tuvieron buen proceso al extender los trabajos en la materia, ya que -insistió- los elementos ministeriales llegaron seis horas tardes al lugar de los hechos.
Gómez Sánchez argumentó que la Procuraduría mexiquense siguió la recomendación de las autoridades castrenses, en el sentido de: caída la noche, continuar con las diligencias en la escena del crimen, podría incidir en un riesgo de seguridad para ambas corporaciones.
«Tuvimos por supuesto deficiencias, omisiones e insuficiencias, en la forma de procesar el lugar de los hechos… llegó un momento en que oscureció y cayó la noche, y la propia Secretaría de la Defensa Nacional nos señaló que no podíamos permanecer en el lugar por el riesgo mismo de seguridad», declaró.
Pese a reconocer las irregularidades, el Procurador mexiquense afirmó que el gobierno estatal ha dado cabal cumplimiento a las siete recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre ellas -mencionó- el proceder penalmente contra ocho servidores públicos de la PGJEM que actuaron de manera irregular, quienes enfrentan su proceso bajo medida cautelar.
Lo anterior al comprobar que las tres testigos y víctimas sobrevivientes de la masacre de San Pedro Limón sufrieron tortura y malos tratos.
«La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó lo que consideró para tales efectos, como violación a los derechos fundamentales de estas tres mujeres, dos de ellas por delito de tortura y la otra por el maltrato», aseveró.
Reducción delictiva, pero mala percepción
Sobre la comparecencia como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Gómez Sánchez reportó que la incidencia delictiva en general disminuyó en 17.41 por ciento, donde destacó la reducción en aquellos de alto impacto registrado en un 12.63 por ciento, no obstante que reconoció que la ciudadanía aún tiene la percepción de inseguridad, por lo que precisó que actualmente el Estado de México se ubica en la posición número 14 con una tasa de 809.8 delitos por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a delitos de feminicidios, el encargado del Ministerio Público mexiquense destacó que se han aplicado las medidas, estrategias y acciones contempladas en la alerta de género en 11 municipios mexiquenses, al instalar las cuatro comisiones para los trabajos.
Adicionalmente, se continuó con la capacitación del personal de los ministerios públicos para la atención con perspectiva de género. Sobre la atención a víctimas, recordó que actualmente se cuenta con un Fondo de Atención de víctimas, para emitir indemnizaciones a personas que le fueron violentados sus derechos.
