*Con esta ley general se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información y los deberes de los gobiernos a transparentar su actuación.
Legisladores de comisiones unidas del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen de la Ley General de Transparencia.
El presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, dijo que se prevé que este mismo jueves sea puesto a consideración del Pleno en primera lectura.
También fue aprobado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Gobernación; y Estudios Legislativos Segunda.
Para el senador Alejandro Encinas Rodríguez la importancia de esta nueva ley es que incluye todo lo referente a los sujetos obligados directos que son los fondos y fideicomisos públicos y privados, los cuales tendrán que rendir directamente cuentas del manejo de sus recursos.
Asimismo, «los asuntos vinculados con el sector energético y el esquema de contrataciones y rendición de cuentas, en especial del Fondo Mexicano del Petróleo, que creo que ha quedado muy bien en la ley», afirmó.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, indicó que también establece «lo que no se podrá clasificar como información reservada que tiene que ver con relaciones a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que está señalado de acuerdo con el derecho nacional y con tratados internacionales».
Argumentó que con esta ley general se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información y los deberes de los gobiernos a trasparentar su actuación.
En su opinión la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas, reconoció que con la reforma los ciudadanos tendrán acceso a la información sobre casos relativos a violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que anteriormente se mantenían en reserva.
La nueva ley en su Artículo 5 establece, «no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad».
Una vez que sea avalada por la Cámara de Diputados y entre en vigor, señala que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizado a través de medios electrónicos el directorio de servidores públicos de los tres niveles de gobierno de estados y municipios.
Se deberán incluir sueldos, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación; los gastos de representación y viáticos.
