* Niega senadora que su hermano le ocasione conflicto de intereses.
La senadora con licencia, Arely Gómez, propuesta por el Ejecutivo federal para ocupar la titularidad de la PGR, rechazó tener conflicto de intereses por su parentesco con el vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, aclaró que es una servidora pública con más de 30 años de trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el Senado de la República, y que nunca ha recibido señalamiento profesional ni personal que permita dudar de su honestidad y su capacidad.
«No puedo dejar de mencionar el imaginario conflicto de intereses que se me atribuye por el empleo de mi hermano Leopoldo».
En ese contexto aclaró que su hermano ha trabajado en diferentes lugares, «algunos en el sector público y siempre lo ha hecho con la misma autonomía que yo. Nuestras trayectorias no tienen vinculación alguna».
Advirtió que los únicos intereses reales que quiere defender en la PGR son los de la sociedad mexicana, a la cual ha servido con probada honestidad.
La prioridad del Gobierno de la República y su gestión es con el Estado de Derecho, dijo, y anunció que fortalecerá las políticas de coordinación con las entidades federativas para el combate a los delitos vinculados con la delincuencia organizada.Agregó que para el Estado mexicano uno de sus temas capitales es la vigencia, el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos.
Insistió en que la PGR es la primera institución garante de los derechos humanos, y sostuvo que, de contar con la ratificación del Senado a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para ocupar la titularidad de dicha institución, se compromete a hacer valer en todo momento una Procuraduría firme, pero respetuosa y garante de los derechos.
El primordial de ellos, agregó, el de acceso a la justicia como una pieza fundamental de la defensa de los derechos humanos.
Aun más, dijo que será prioritario atender con apego estricto a la ley los requerimientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos nacionales e internacionales en la materia.
La legisladora con licencia afirmó también que la relación con la sociedad es indispensable, por lo que ofreció establecer un diálogo abierto, mediante mecanismos de interlocución permanentes con organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo se intensificarán los programas de capacitación que fortalezcan la cultura institucional de los derechos humanos y el cumplimiento puntual de la ley.
Resaltó que tiene la convicción que la confianza de los ciudadanos se logra acercando las instituciones con las personas y cumpliendo con las exigencias legales de los servidores públicos.
Gómez González dijo que la función constitucional de la PGR es la procuración de justicia, por lo que adelantó que se fortalecen las políticas para hacer más eficaz la investigación y la persecución de los delitos federales.
El objetivo es hacer más eficiente la procuración de justicia y combatir con rigor la impunidad, aseveró en su presentación ante los legisladores de las diferentes fracciones.
Expuso que las diferentes unidades de la procuraduría se coordinarán para un ejercicio sustantivo de su función y para atender los principios constitucionales de procuración de justicia, además de que se impulsará el rediseño institucional que permita el cumplimiento de su obligación de acuerdo con la ley.
Advirtió que una procuración de justicia ejemplar que todos deseamos requiere de un agente del Ministerio Público, de policías de investigación y personal pericial de excelencia, a través de la actualización permanente de conocimientos jurídicos y el perfeccionamiento de las técnicas de investigación.
Ofreció que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) garantizará condiciones que abonen a la legalidad y a la certeza de las elecciones de este año.
La comparecencia de Arely Gómez se llevó a cabo previo a que los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado aprobaran el dictamen en el que ratifica la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para que ocupe la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
