La Ley General de Aguas es necesaria para el país y se aprobará en este periodo de sesiones o en cualquier otro, pues en ningún momento se habla de la privatización de este servicio, afirmaron los legisladores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Arturo Escobar y Vega y Ricardo Anaya Cortés. De acuerdo con Beltrones Rivera, que esta legislación deberá existir en el país y «lo que hemos acordado es posponer su debate hasta que evitemos que la desinformación sea la que rija la discusión».
Apuntó que hay quienes equivocadamente han señalado que puede ser una ley privatizadora del agua y sostuvo que no hay ningún artículo dentro de los 268 que trae el dictamen que plantee una privatización específica. De tal manera, dijo en entrevista, abriendo las puertas de las comisiones que dictaminaron ese documento para escuchar a todos aquellos que tengan una idea que mejore el concepto o que ayude a tener una ley modernizadora de lo que es el manejo de los recursos hidráulicos, se concluya en el tiempo que sea necesario.
Lo que importa, enfatizó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es que «no exista confusión, desinformación o mala fe en el agotamiento del tema
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alertó que en la ruta hacia el 7 de junio seguramente aparecerán muchos actores electoreros tratando de influir en las elecciones.
Arturo Escobar y Vega, líder de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), insistió que el dictamen de la Ley de Aguas Nacional en ningún momento habla de la privatización del recurso.
Tal afirmación, según Escobar y Vega, es parte de la política destructiva de la izquierda mexicana, sin considerar que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno efectivamente constituyó un sistema mixto en materia de aguas para el Distrito Federal. Lo que está sucediendo, continuó, es el diferimiento del conocimiento por parte del pleno de un dictamen y «estoy seguro que en los próximos días ya será materia otra vez de agenda del orden del día». Más allá de quienes se oponen al dictamen, dijo, simplemente es un espacio de prudencia para poder conocer inquietudes de algunas organizaciones que efectivamente pudieran tener un espacio más amplio para que se les explique con mayor puntualidad qué se está haciendo.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, manifestó a su vez que no se debe privatizar la discusión de la nueva Ley General de Aguas hasta garantizar que beneficia a las personas para tener acceso al líquido como un derecho humano, y que no hay intentos privatizadores.
Se debe discutir el «tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación», indicó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Recordó que los coordinadores de las bancadas acordaron de manera unánime en la Junta de Coordinación Política que se abriera un espacio de discusión para escuchar a todas las voces y que sólo se vote cuando se hayan disipado todas las dudas. Es un tema de gran importancia que debe ser discutido con toda calma, por lo que no sería conveniente precipitar la discusión, insistió el panista.
«Lo conveniente es demostrar que nada hay qué esconder y que la discusión sea transparente, ordenada, y en donde esta ley asegure que efectivamente se cumplirá el objetivo: que la gente tenga acceso al agua potable y no se privatice», insistió Anaya Cortés. Aseveró que su partido se pronuncia absolutamente contra cualquier intento privatizador, «por eso nos hemos sumado junto a otros partidos a pedir que el asunto no se vote hasta que no esté perfectamente aclarado».
Por separado, el líder de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, explicó que la decisión de posponer la discusión del dictamen fue «para que las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos realicen audiencias públicas y recojan propuestas» de organizaciones sociales y de especialistas.
«Nosotros, como grupo parlamentario, tendremos que formular un escrito donde plantemos nuestras observaciones y salga una ley debidamente consensada», detalló el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Insistió en que el dictamen de la ley, como se pensaba presentar inicialmente, «tiene redacciones que categóricamente se puede demostrar que implicaban entregarle áreas completas a la iniciativa privada y lo seguimos sosteniendo».