Redacción
Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin contra la vinculación a proceso dictada en su contra por el caso Agronitrogenados, en el que la Fiscalía General de la República la acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso fue promovido contra el auto emitido el 7 de julio de 2026 dentro de la causa penal 211/2019. El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva el pasado 8 de agosto.
La FGR acusó inicialmente a Lozoya Austin de transferir recursos de procedencia ilícita, aunque durante la audiencia la modalidad del delito fue reclasificada y quedó vinculada por transferencias del extranjero a territorio nacional con el presunto propósito de ocultar el origen del dinero.
La investigación se relaciona con aproximadamente 3.5 millones de dólares depositados en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, abierta en la Unión de Bancos Suizos. De acuerdo con la acusación, parte de esos recursos provino de Altos Hornos de México.
Las autoridades sostienen que Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de esa cuenta y que desde ella se realizaron transferencias a personas ubicadas en México. Parte del dinero habría sido utilizado para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, valuada en 34 millones de pesos.
La FGR vincula esos movimientos con la operación mediante la cual Pemex adquirió la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares. La Fiscalía sostiene que los recursos entregados previamente estaban relacionados con esa transacción.
Gilda Lozoya enfrenta el proceso en libertad condicional después de que un juez rechazó imponerle prisión preventiva justificada. Entre las medidas cautelares se encuentran el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y presentaciones periódicas ante la autoridad.
La defensa también promovió otro amparo por la difusión de imágenes y videos relacionados con su detención, ocurrida el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La suspensión ahora concedida puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal.
