lunes, octubre 7, 2024
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Necesario combate integral a la corrupción: Función Pública

* Resulta indispensable aplicar un sistema de combate

integral, multisectorial y corresponsable.

México.- La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, aseveró que resulta indispensable aplicar un sistema de combate integral, multisectorial y corresponsable contra la corrupción.

La funcionaria federal se pronunció al respecto al presentar el Modelo de Programa de Integridad Empresarial y atestiguar la firma del Convenio Interagencial entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Durante la ceremonia, recordó que la encuesta PyMES de la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas revela que en México más del 50 por ciento de los empresarios considera que su negocio se ve afectado por la corrupción

Además de las consecuencias económicas, expuso, ese fenómeno repercute en la pérdida de confianza en las instituciones públicas, que a su vez afecta la certidumbre en la que puede darse tanto la inversión como la expansión o creación de nuevas empresas.

Por ello, la titular de la Secretaría de la Función Pública destacó la importancia de los Códigos de Ética y Protocolos de Análisis de Riesgo en materia de Corrupción para atender este problema.

Tras reiterar que no existen panaceas en esta materia, Gómez González reiteró el compromiso para avanzar en la prevención, detección y sanción de actos irregulares en la administración pública federal.

Destacó que el Programa de Integridad Empresarial que este lunes se presentó busca que el sector privado cumpla con lo establecido en los Artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entrará en vigor el 19 de julio próximo.

Las sugerencias del citado programa están divididas conforme a las siete fracciones del Artículo 25 de la Ley e incluyen un Manual de Organización y Procedimientos; un Código de Conducta; y sistemas de control, vigilancia y auditoría.

También, buenos sistemas de denuncia; entrenamiento y capacitación; políticas de derechos humanos y mecanismos de transparencia.

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