No cabe la tolerancia: E. Peña

*»Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley; quien quebrante este precepto fundamental del Estado de derecho tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan».

Al reafirmar el compromiso indeclinable del gobierno de la República con el respeto y protección de los derechos humanos en todo México, el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que estos derechos deben ser respetados por todos.
Durante la presentación en Los Pinos del Informe de Labores 2014 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el mandatario advirtió que el gobierno de la República seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias.
«La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas», señaló.
También, reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones.
«Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley; quien quebrante este precepto fundamental del Estado de derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan», sostuvo.
En ese sentido, el gobierno ha articulado una política en materia de derechos humanos con tres grandes ejes: difusión amplia del conocimiento y respeto a los derechos humanos; prevenir la violación de derechos humanos; y protección de los derechos de las personas.
Luego de aclarar que en la actual administración se han aceptado todas las recomendaciones de la CNDH, explicó que el primer eje, busca generar una cultura del conocimiento y respeto de los derechos humanos entre la sociedad, para su pleno goce.
El segundo eje se refuerza con el Programa Nacional de Derechos Humanos, en el cual ya se han capacitado a 10 mil 500 funcionarios federales, además de realizar un amplio análisis de cada queja y recomendación, para que no se repitan las conductas que las generaron.
Respecto al tercer eje explicó que México tiene innovadores instrumentos como la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
No obstante, en esta última materia, el presidente advirtió que «aún tenemos que ir por más» y por ello el 27 de noviembre del año pasado planteó la creación de leyes en materia de tortura y desaparición forzada; renovación de los protocolos para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Y es que, aseguró, «en el gobierno de la República estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables», para cuyo castigo se adoptarán las mejores prácticas internacionales, como bien recomendó la CNDH en su momento.
El fin es garantizar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas y así, hacer efectivo el derecho a la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.
Recordó también el anuncio de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y una Base Nacional de Datos Genéticos, que cuenta ya con un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Todas estas medidas y acciones, precisó, han surgido de un diálogo constructivo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos.
En respuesta a la petición que le hizo el presidente de la CNDH, en el sentido de que el gobierno federal atienda con más cuidado las recomendaciones, el presidente Peña Nieto se comprometió a ello y se dijo seguro de que los gobernadores harán lo propio.
Recordó que en el periodo 2013-2014, el número total de quejas disminuyó en 22 por ciento y las recomendaciones a dependencias federales, en 60 por ciento.