* Servirá para que los ciudadanos cuenten con herramientas
jurídicas para ser vigilantes eficaces en el ejercicio
del gobierno, indicó Cristina Díaz Salazar.
La iniciativa de ley general de archivos que se construyó durante dos años con la sociedad civil pretende fortalecer la transparencia y acceso a la información, sostuvo la senadora Cristina Díaz Salazar.
En conferencia de prensa tras presentar ante el pleno del Senado un proyecto de decreto para expedir la referida legislación, sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos cuenten con herramientas jurídicas para ser vigilantes eficaces en el ejercicio del gobierno.
Expuso que a partir del 28 de noviembre iniciarán las audiencias públicas en torno a la iniciativa, la cual tiene un amplio consenso entre los legisladores del PRI, PAN y PRD.
La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado señaló que es el único ordenamiento que falta modernizarse dentro del Sistema Nacional de Transparencia.
Externó su confianza que en el periodo legislativo en curso sea aprobada la ley, lo que permitirá establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
«Estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información son pilares de la democracia, por ello debemos construir las herramientas jurídicas para fomentar un gobierno abierto y cercano la gente, así como cultivar una sociedad más informada, más crítica y más participativa», dijo.
La senadora por Nuevo León indicó que será el Archivo General de la Nación el ente rector del patrimonio documental y será el encargado de realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de México.
Especificó que esta iniciativa de ley se integra por 117 artículos, organizados en tres libros y 15 transitorios.
Así tiene por objeto establecer la organización, administración homogénea de archivos de los diversos órdenes de gobierno, así como de los tres poderes y determina bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
Además determina criterios, procedimientos relacionados con la consulta de archivos, establece los instrumentos de control archivístico, y creación de órganos de control y comités generales que norman su reglamentación.
Asienta sanciones a quienes sustraigan, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen, total o parcialmente sin causa justificada, información y documentos de los archivos que se encuentre bajo su resguardo.
Por transferir la propiedad o posesión, transportar o reproducir, sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nación se aplicarán sanciones penales que pueden llegar hasta la privación de la libertad, lo cual representa una novedad en las leyes de archivos del país.
Las sanciones también se podrán aplicar a quienes trasladen fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo General.
También a quien destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación, y mantenga fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General autorizó la salida del territorio nacional, entre otros aspectos.
