- Con aplicación de reforma educativa.
La implementación de la reforma educativa debe significar la cancelación de privilegios a los grupos que han utilizado su representación gremial para obtener beneficios políticos y económicos, aseveró el senador Miguel Barbosa Huerta.
En ese sentido reconoció el compromiso legítimo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la aplicación de la reforma y la actitud firme de su titular ante las presiones de grupos disidentes.
El coordinador de la fracción parlamentaria perredista en el Senado dijo que lo anterior implica impedir que los gobiernos otorguen privilegios a los sectores del magisterio, que por medio de la presión política buscan beneficios personales o para su grupo.
Para lograr el propósito planteado, abundó, una de las alternativas para el desarrollo nacional pasa por el control de la política educativa. «No más IEEPOS, no más controles clientelares en educación», expresó.
Barbosa Huerta señaló que uno de los factores que han obstaculizado el avance educativo son las organizaciones que han controlado la representación sindical, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En este marco reconoció la postura de la Secretaría de Educación Pública y su titular, donde «se percibe un compromiso legítimo con la aplicación de la reforma y una actitud firme ante las presiones sindicales, la oficial y la disidente». «Ojalá que este impulso no se pierda o diluya con los meses o se vea afectado por el entorno político. Se requiere tolerancia cero al otorgamiento de privilegios a los sectores del magisterio que por medio de la presión política buscan beneficios personales o para su grupo», opinó el coordinador parlamentario.
Barbosa Huerta agregó que está a favor de la evaluación educativa, porque sólo por medio de ésta podrá contarse con elementos objetivos para conocer la situación del magisterio en todas las regiones del país y poder asumir acciones específicas para mejorarla.
Además, se dijo a favor de descontar a los maestros los días que falten y aplicar las sanciones correspondientes. «Debe tenerse claridad que la educación es uno de los temas estratégicos para nuestro país y que la conducción educativa constituye una de las máximas responsabilidades del Estado mexicano».
