Redacción
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó al Congreso estatal iniciar el procedimiento para declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, investigado por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presuntos vínculos con una célula delictiva.
Jara informó que instruyó al secretario de Gobierno para presentar formalmente la solicitud ante el Poder Legislativo, con el argumento de que el municipio atraviesa una situación que requiere definir con claridad la conducción de la administración local.
En caso de que el Congreso apruebe la desaparición del Ayuntamiento, la legislación de Oaxaca establece que el Poder Ejecutivo estatal podrá nombrar temporalmente a un encargado de la administración municipal mientras se integra el órgano que continuará con las funciones de gobierno.
El mandatario estatal señaló que la intención es garantizar la continuidad de los servicios públicos, la atención social y las labores de seguridad en Juchitán. También anunció que durante los próximos días aumentará la presencia de fuerzas de seguridad en coordinación con autoridades federales.
La decisión ocurre después de que Miguel Sánchez Altamirano fuera detenido el 23 de septiembre durante un operativo en Oaxaca. Las autoridades lo relacionan de manera presunta con “Los Cromos”, grupo identificado en investigaciones oficiales como una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con las indagatorias difundidas hasta ahora, el alcalde enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Los señalamientos sobre su posible participación en otras actividades delictivas deberán acreditarse ante la autoridad judicial correspondiente.
Tras la detención del edil también se registraron bloqueos y movilizaciones en Juchitán, además de un despliegue de fuerzas estatales y federales. La seguridad municipal ya había sido objeto de intervenciones desde 2025, cuando autoridades realizaron acciones sobre la corporación policial y el centro de videovigilancia C2.
La solicitud de desaparición deberá ser procesada por el Congreso de Oaxaca antes de que pueda concretarse el cambio en la administración municipal. Mientras tanto, el gobierno estatal señaló que mantendrá la operación de servicios y reforzará las acciones de seguridad en Juchitán.
