Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para obligar a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes ocupen esos cargos deberán conservar únicamente la nacionalidad mexicana. El planteamiento también impediría que, durante el ejercicio de sus funciones, adquieran o soliciten otra ciudadanía.
“Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La iniciativa también propone prohibir a quienes ejerzan esos cargos utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o solicitar protección diplomática de otro Estado.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que actualmente los artículos 82, 116 y 122 exigen ser mexicano por nacimiento para ocupar esos cargos, mientras que el artículo 32 establece una reserva para quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, situación que, indicó, generó distintas interpretaciones.
Para el caso de la Presidencia, la reforma al artículo 82 establecería expresamente que la persona aspirante no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, tendrá que renunciar antes de solicitar su registro como candidata o candidato. Una disposición equivalente se incorporaría para las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
El proyecto plantea además que la contravención de estas disposiciones sea sancionada conforme al Título Cuarto de la Constitución, correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos, aunque el comunicado no precisa las sanciones específicas que podrían aplicarse.
En caso de que la reforma constitucional sea aprobada, el Ejecutivo propondrá posteriormente cambios a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona deberá acreditar la renuncia a su otra ciudadanía ante las autoridades mexicanas y las del país correspondiente.
