Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartaron que exista algún delito que perseguir tras la difusión de un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el que habla sobre gestiones relacionadas con la revocación de su visa estadounidense y ofrece colaborar con autoridades de ese país.
Durante la conferencia matutina, García Harfuch sostuvo que el contenido de la grabación no revela el intercambio de información confidencial ni elementos que comprometan la seguridad nacional. Explicó que en las mesas estatales de seguridad se revisan temas como la incidencia delictiva y asuntos de coordinación institucional, información que, dijo, no tiene un grado de sensibilidad que genere preocupación.
El funcionario agregó que tampoco se tiene certeza sobre la identidad de la persona con la que la gobernadora sostenía la conversación telefónica, por lo que consideró que no existen elementos para presumir la comisión de un delito.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública y señaló que no se conoce con precisión con quién hablaba en la llamada difundida. Indicó que la mandataria le informó previamente que realizaba gestiones personales, mediante un abogado, para atender el tema de su visa.
Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no fue informado sobre esas conversaciones y reiteró que, a su juicio, en el audio no se aprecia información que comprometa la seguridad de Baja California o del país. «No pensamos que haya un delito que perseguir», expresó.
La mandataria también señaló que el caso es distinto al ocurrido en Chihuahua, donde, afirmó, se acreditó la presencia de agentes de una agencia extranjera operando en territorio nacional, situación que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
La polémica surgió luego de que se difundiera una grabación en la que Marina del Pilar habla sobre la posibilidad de colaborar con autoridades estadounidenses en el contexto de las gestiones para resolver la situación de su visa. La gobernadora sostuvo posteriormente que sus acciones no comprometieron información sensible ni pusieron en riesgo la seguridad del estado.
