Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que anula la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral. El proyecto de sentencia presentado por el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por nueve de los once ministros de la Corte. Los ministros coincidieron en que se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana, al saltarse un procedimiento legislativo ordinario y transgredir el principio de deliberación democrática.
La ministra Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del proyecto, destacando que la Suprema Corte está para hacer cumplir la Constitución y las leyes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales, y que la Corte está llamada a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo.
El ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció también por la invalidez del “Plan B”, argumentando que se vulneraron los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso. El ministro Arturo Zaldívar reconoció que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación de las normas que se estaban presentando. Su par, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del proyecto.
La ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel fueron las únicas en votar en contra del proyecto. La ministra Yasmín Esquivel argumentó que no se sumaron las infracciones que señala el proyecto, y que es importante adentrarse al análisis constitucional de las normas reformadas. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz rechazó invalidar la totalidad de la primera parte del Plan B, observando que los cambios hechos a las reformas “fueron mínimos”.
Con esta sentencia, se invalidan las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social que entraron en vigor el 28 de diciembre de 2022, las cuales buscaban modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, en el sentido de poder difundir propaganda y hacer política, con miras a las elecciones de 2024.
La mayoría de los ministros coincidieron en que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo, lo que equivale a una perversión del sistema democrático.
La ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas, lo que afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
El Pleno de la Suprema Corte concluyó que la citada violación al procedimiento legislativo afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
