Redacción
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que será el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el encargado de resolver una queja presentada por Morena contra la gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos Galván, por presunta difusión de propaganda calumniosa y uso indebido de recursos públicos.
Con esta decisión, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral respaldó el criterio adoptado previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), que se declaró incompetente para conocer del caso al considerar que los hechos denunciados no tenían relación con un proceso electoral federal.
La controversia se originó a partir de una denuncia presentada por Morena durante la denominada “Marcha por la Seguridad en Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional”, movilización convocada por la dirigencia nacional del partido en el estado fronterizo.
El pasado 28 de mayo, el INE determinó que la queja debía ser atendida por las autoridades electorales locales, debido a que los señalamientos formulados por Morena se encontraban vinculados al ámbito estatal. En consecuencia, el expediente fue remitido al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Inconforme con esa determinación, Morena promovió una impugnación ante la Sala Superior del TEPJF con el objetivo de que el INE asumiera la investigación y sustanciación del procedimiento. Sin embargo, las magistradas y magistrados coincidieron en que la autoridad competente para resolver el asunto es el órgano electoral chihuahuense.
Los hechos denunciados ocurrieron en el contexto de la movilización organizada por Morena después de que se hiciera pública la autorización otorgada por el gobierno de Chihuahua para la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad, situación que generó cuestionamientos por parte de actores del oficialismo.
A raíz de esos acontecimientos, dirigentes y simpatizantes de Morena acusaron una presunta intervención del gobierno estatal para afectar el desarrollo de la marcha, por lo que presentaron una queja electoral contra la administración encabezada por Maru Campos.
Con la resolución de la Sala Superior, el procedimiento continuará en el ámbito local y será el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua el que determine si existen elementos para acreditar las conductas denunciadas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
