- COVID-19, de la incredulidad a la desobediencia, de ahí a la negación.
- Aún estamos cuesta arriba y ya queremos ir de bajada en la curva.
- Impacto de la emergencia sanitaria en el ámbito electoral.
- Consejeros del IEEM se beneficiarían con alargamiento epidémico.
POR JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ
A inicios de la pandemia, cando el que escribe comenzó a difundir en redes sociales y medios de comunicación las primeras cifras oficiales de contagiados, hospitalizados y defunciones por COVID-19, un importante número de seguidores y lectores dudaba de la existencia de esta enfermedad.
Incluso no faltaron los que, además de catalogar como amarillistas las noticias al respecto, exigían al grado del linchamiento “nombres, apellidos, dirección y hasta las actas de defunción” de pacientes y fallecidos. ¿Se imaginan?, si en las calles agredieron a médicos, ¿que no habrían propiciado esos desadaptados al tener datos precisos sobre portadores o familias en duelo por este virus? Esta actitud nos hizo entrar tarde a las fases preventiva y reactiva de la emergencia sanitaria.
Hoy ya son funcionarios federales de alto nivel, gobernadores, alcaldes, diputados, empresarios, ricos, pobres, blancos, de color, apiñonados, gordos, flacos, altos, bajitos, y de todos los sabores los que han padecido en carne propia o muy de cerca el impacto del COVID-19. Para que vean que la pandemia es absolutamente democrática.
Después de la incredulidad, que fue aplacada a punta de conferencias y reportes diarios sobre el impacto a la salud y la letalidad del coronavirus, vino la desobediencia justificada con la necesidad del trabajo y el alimento.
Nos pidieron no salir y salimos; nos pidieron usar cubrebocas y todavía estamos discutiendo si este implemento es útil o no para evitar contagios; nos pidieron cerrar comercios no esenciales y es fecha en que siguen los operativos para bajar las cortinas de quienes no deben estar operando, con reacciones violentas de los afectados; nos pidieron no hacer fiestas y reuniones públicas, y el aislamiento sirvió para las pachangas confinadas. Todo esto y más alentado –desde el gobierno federal- con una tibia imposición de medidas restrictivas y contradictorias en el ámbito social y económico.
Y de la irreverencia pasamos a la negación y el ocultamiento. Hoy somos muchos, me atrevo a decir que la mayoría de mexicanos y mexiquenses los que sabemos de alguien o tenemos un familiar, amigo o conocido en condición de paciente o en situación de duelo.
Sin embargo, ¿Cuántos de quienes -con diagnóstico en mano- saben que son portadores de COVID-19 o tienen algún familiar contagiado, internado o lamentablemente fallecido se han atrevido o se atreverán a revelarlo? Legalmente nadie está obligados a decirlo, incluso exponerlos por una vía que no sea la propia violaría sus derechos humanos y la protección de sus datos personales. ¿Pero moralmente deberían de hacerlo?, ¿es necesario que el entorno social lo conozca? ¿tendremos la madurez para respetar y cuidarnos? o ¿arremeteremos con la discriminación y la desobediencia?
Hoy el Estado de México arranca la tercera semana de junio con 23 mil 359 contagios acumulados y 2 mil 806 defunciones. Y espérense, porque si estas que son las cifras oficiales resultan aterradoras, los números reales serán todavía peor. El caso es que aún no alcanzamos la cúspide de la curva epidémica y ya queremos ir de bajada en la emergencia. ¿Y aun así nos preguntamos por qué seguimos en semáforo rojo?
CANCIÓN, DICHO O REFRÁN
El efecto dominó de la pandemia…
Si como lo marca la ley el inicio del proceso electoral federal se da en los primeros días de septiembre y para cualquier cambio a las reglas del juego los diputados del país tenían como límite 90 días antes del arranque formal de la contienda, sólo queda como alternativa replicar lo que se hizo en el Estado de México: “aplazar el inicio de la revuelta política hasta enero” y entonces sí, volver a repensar ajustes obligados, sobre todo para que el partido mayoritario y gobernante pueda idear en mantener el control político del país. Con las actuales reglas Morena no podrá tener de aliados en las urnas del siguiente año a los partidos de reciente creación, porque la ley vigente indica que los nuevos competidores están impedidos a coaligarse en su primera elección. Si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende mantener la mayoría en la Cámara de Diputados federal, obligadamente necesita de los nuevos partidos y de sus actuales aliados para aplicar el ejercicio de la “sobre representación legislativa”, para dar paso los ya conocidos “juanitos o juanitas”, es decir, para maquillar candidatos de un color y luego devolverlos a su tono original. Como ya no les dio tiempo de una reforma a modo en Morena ya perfilan aplazar el inicio del proceso nacional hasta enero, bajo el pretexto de la urgente atención de la pandemia del COVID-19 y de gastar menos en democracia, aunque el peine es ordenar al partido, replantear la jugada y rescatar el 2021. A ver si le sale al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.
Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre…
En este mismo contexto electoral habrá que ver qué sucederá con la sucesión de consejeros del Instituto Nacional Electoral y de varios organismos públicos locales electorales (OPLES), entre ellos el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Aunque la designación de estos funcionarios no depende de los tiempos comiciales, es un hecho que dicha rotación puede estar inmersa en los lapsos de la pandemia del COVID-19. Para el nombramiento de tres nuevos consejeros del INE y tres del IEEM –que en teoría deben tomar protesta a inicios de octubre- la convocatoria tendría que ser emitida tentativamente entre junio y julio, pero hay versiones de que si no aminora la emergencia sanitaria pudiera generarse un retraso en los relevos escalonados. De ser así los consejeros mexiquenses Guadalupe González Jordán, Miguel Ángel García Hernández y Saúl Mandujano Rubio que están próximos a salir tendrán posibilidad de embolsarse otras “quincenitas” y abultar su bono de retiro cuyo cheque no será menor a siete dígitos por cada uno. Eso cuesta la democracia en el Estado de México.
