POR Edgar ROMERO
Hace ya diez años que tome la decisión de dedicarme a esta noble labor de representar a las personas que por algún motivo se encuentran inmersos dentro del drama penal, al principio solamente eran ciudadanos investigados por algún delito o imputados después con la llegada del Código Nacional de Procedimientos Penales también representamos a personas con la calidad de víctimas u ofendidos.
Los días pasados mientras desahogaba una audiencia de control me pregunté ¿porque motivo a los imputados se les considera como personas que probablemente han cometido un hecho que la ley señala como delito y porque a las victimas desde la investigación se les trata como victimas y no como probables víctimas, de verdad creo que eso sería lo más sensato.
A los penalistas muchos nos critican, hasta que nos necesitan, algunas personas nos relacionan con nuestros representados sin entender que solamente realizamos la defensa penal como un trabajo meramente profesional, pidiendo única y exclusivamente que se aplique la ley, no pedimos nada regalado únicamente la aplicación de la ley.
El pasado 15 de Diciembre del presente año el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, rindió su segundo informe de actividades, como parte de su discurso indico: “En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos, no habrá justicia mientras los mas olvidados de este país no tengan una defensa de calidad, no habrá justicia mientras sus vidas sean desechables para la máquina de procuración e impartición de justicia.
No hay nada mas cierto que lo que expresa el ministro Zaldívar. En nuestro México un país lleno de contrastes y desigualdad social, todos los días y a todas horas se siembra y se cultiva el delito.
Mis compañeros de profesión saben que es una constante las detenciones oficiales al margen de la ley y con violaciones a los derechos humanos, cuantas y cuantas personas no han sido detenidas por un supuesto cohecho, por una portación de arma prohibida inventada, privándolos de su libertad (en el mejor de los casos) por 48 horas “mientras les tienden la camita o les piden su orden de tacos”; es decir mientras la fiscalía solicita una orden de aprehensión, incluso dentro de ese lapso de tiempo sin permitirles la comunicación con sus familiares o con sus abogados.
Este actuar arbitrario y violatorio de derechos humanos es antiquísimo tanto que para las nuevas generaciones de penalistas se considera algo normal, los abogados con cierta experiencia llevamos prácticamente en la mano el amparo contra actos prohibidos por el artículos 22 Constitucional, seria altamente recomendable que don Jorge Olvera García el Comisionado de Humanos en el Estado de México se diera una vueltecita por la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca para que se percate de la incomunicación a la que son sometidos los detenidos, o a la Fiscalía de Genero para que advierta como se violan los Derechos Humanos de los menores probables victimas del delito. El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes parece ser una simple receta de cocina “nunca videograban las entrevistas”
Mención especial merecen los asuntos que “traen línea” o tienen instrucción, aunque parezca increíble en pleno siglo veintiuno es una constante, los penalistas seguimos luchando contra ellos aun y cuando podría asistirnos el derecho y la razón, nos obligan a agotar todas las instancias, por eso para nosotros ganar un asunto tiene un doble significado, es luchar contra toda la maquinaria del Estado y vencerla.
