Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ
- El gobernador anunció proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.
- Es el camino legal para saber si la ley es violatoria de los derechos humanos, aclara el mandatario mexiquense.
Lerma, Méx.- El gobernador, Eruviel Ávila Villegas pidió a la Legislatura local interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el juicio de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, recientemente aprobada por los diputados mexiquenses; sin embargo, precisó que no se trata de una medida legal para echar abajo la también llamada “Ley Atenco”, sino para tener mayor precisión judicial sobre la iniciativa avalada.
Esta medida, señaló el Ejecutivo estatal se da como atención a las voces discrepantes de la ley que han manifestado opiniones y expresiones de rechazo como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que aduce que es violatoria a los derechos humanos y represiva a la libertad de manifestación.
Explicó que será a través del Poder Legislativo que se presentará el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pues –precisó- que actualmente los gobernadores carecen de dicha facultad, y la solicitud tiene la finalidad que dicha institución revise si la “Ley Atenco” va acorde a la Constitución y a los derechos humanos.
“No estamos solicitando esta acción porque se considere que la ley viola la Constitución, sino porque pedirle a la Suprema Corte que la revise es la única vía para conocer la vedad jurídica de su contenido, además servirá de parámetro para saber hasta dónde sí y dónde no pueden legislar”, aseguró.
El recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN se presentará a una semana de que también el Gobierno del Estado de México pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad para que de ser el caso señale y emita posibles modificaciones a la misma.
El mandatario mexiquense reiteró en defender la decisión, pues indicó que si la Suprema Corte resuelve que la misma no es violatoria de los derechos humanos y está acorde a la Constitución, la norma podrá replicarse y ser modelo en otros estados para legislar, para reducir el uso de la fuerza.
Ya que consideró es mejor contar con un protocolo y lineamientos en la materia, para poner candados y emitir sanciones ante posibles abusos en las manifestaciones para mantener el Estado de Derecho.
“El peor escenario para los derechos es no tener una regulación sobre la fuerza, que cada quien haga lo que cree, que puede hacer o debe hacer, sino lo que la ley marca y por ello ésta fue aprobada por gran parte de los diputados locales”, comentó.
Recientemente partidos opositores como el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como organizaciones o pueblos originarios a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han iniciado una lluvia de amparos y recursos de anticonstitucionalidad ante la “Ley Atenco”, tanto en instancias defensoras de los derechos humanos y judiciales.
