Por Lilia González
Durante el desarrollo de la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento Abierto, se presentó una propuesta ciudadana para reducir el tiempo en funciones de quien funja como Fiscal General de Justicia del Estado de México, ocupando únicamente 4 años el cargo, teniendo posibilidad de ratificarse con base en el desempeño y los resultados entregados.
La iniciativa presentada y debatida públicamente pretende adecuar el Artículo 83 de la Constitución, para que la o el fiscal general dure en su cargo 4 y no 9 años, como actualmente lo establece, asegurando que con ello impedirán que haya un “cheque en blanco” por ese periodo; que se generen excesos de poder y corrupción que involucren negativamente en el desempeño y actuación del titular, impactando negativamente en la impartición de justicia pronta, expedita y transparente.
“En la Constitución del Estado se tiene contemplado que el cargo del Fiscal General tenga una duración de 9 años, tiempo que se percibe como excesivo, dada la gran importancia que tiene, debido a que es el garante de que las denuncias presentadas por los ciudadanos, por presuntas faltas al Código Penal, sean investigadas y documentadas de manera oportuna, sin ningún tipo de sesgo”, refirió Salvador Saldívar Vélez, proponente de la iniciativa.
A la par, se indicó que resulta fundamental acortar el tiempo pues, argumentó, en estados como Jalisco y Puebla duran 7 años; en Nuevo León, 6 años; en Veracruz, 5 años, con posibilidad de ser ratificados por un periodo más; y de 4 años en la Ciudad de México, también con posibilidad de encabezar la instancia de seguridad por otro periodo.
En otro momento, Juan Carlos Santiago Jiménez propuso sancionar toda investigación fraudulenta y contraria a derechos humanos por parte de la autoridad, a fin de terminar con los vicios existentes en procesos de corte penal y sancionar a los ministerios públicos que, sin fundamento, se opongan a la forma de terminación anticipada de los procesos.
Otras iniciativas presentadas fueron: implementar un modelo de seguridad pública de proximidad a la ciudadanía, dividiendo al Estado en microrregiones para que se atiendan los llamados de la ciudadanía las 24 horas del día y reactivando los módulos de seguridad instalados en diversos puntos del Estado; así como una mayor profesionalización de los titulares de las fiscalías centrales y especializados.
