Por Lilia González
Al dar inicio el segundo periodo del Parlamento Abierto del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, los parlamentarios propusieron obligar al Estado y municipios a garantizar el abasto suficiente y el cuidado del agua potable, así como el hacer valer la aplicación de sanciones a quien la desperdicie.
Durante reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad, se analizaron y discutieron diversas iniciativas encaminadas a la protección del vital líquido; el parlamentario Axel Eduardo Guadarrama Lavanderos propuso hacer efectiva la garantía del derecho al agua y saneamiento con manejo sustentable.
Lo anterior, al asegurar que actualmente 12 millones de personas en México no tienen acceso a un sistema de agua potable, y solo 40 millones cuentan con este, pero de manera insuficiente y de mala calidad.
Refirió que Naciones Unidas estima que para 2030 habrá más de mil millones de personas que pagarán las consecuencias de la precariedad del agua, si es que no se toma ninguna medida al respecto, comprometiendo seriamente la salud y la vida de las personas.
Tras su análisis, se indicó que entre los aspectos negativos que tiene el actual servicio de agua son: que es de mala calidad; se distribuye inequitativamente, favoreciendo a las zonas de buen desarrollo económico; hay una mala gestión por parte de las autoridades estatales y municipales; existe contaminación, principalmente provocada por la industria, además de una falta de cultura del cuidado del agua.
Entre las propuestas vertidas, está la de establecer medidores de manera obligatoria, lo que permitiría generar una distribución equitativa, dar mayor impulso a la captación de agua pluvial, promover la cultura de cuidado del agua y dar una priorización del abasto a la ciudadanía sobre la actividad económica.
Por otra parte, se presentó una iniciativa para implementar obras del Plan Hídrico de las subcuencas del río Amecameca, la Compañía y Lago Xico, pues se indicó que, si bien en 2011 fue aprobada su ejecución, no se ha implementado.
Ante ello, se propuso incorporar una planta de tratamiento en Valle de Chalco, habilitar y profundizar el Lago Xico para proteger los riesgos de inundación en la zona y aprovechar recreativamente los lagos.
De igual manera, se propuso sancionar la ineficiencia y la corrupción en el ejercicio de la administración de las zonas urbanas para poder verificar, controlar y garantizar que existan mejores políticas públicas en las zonas urbanas; así como crear ciudades igualitarias y disidentes para terminar con los asentamientos informales y barrios marginales.
