Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Texas pueda determinar unilateralmente la propiedad de nueve islas ubicadas en el río Bravo y sostuvo que el tema corresponde a los mecanismos bilaterales entre México y Estados Unidos.
La mandataria atribuyó el pronunciamiento de las autoridades texanas al contexto electoral de ese estado y señaló que todavía se analiza de qué lado de la frontera se encuentran los territorios en disputa. “Ellos pues están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas, pero no. Es parte de la revisión que se hace de esta comisión”, expresó.
Sheinbaum explicó que las características del río provocan modificaciones en su cauce y la formación de islas, por lo que corresponde realizar mediciones para determinar su ubicación respecto del límite internacional entre ambos países.
La controversia surgió después de que Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, anunció que nueve islas del río Bravo pertenecen al estado y que las fuerzas de seguridad texanas podrán acceder a ellas para realizar labores de vigilancia.
Las autoridades de Texas identificaron los territorios como Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller 1 y Miller 2, cuya propiedad permaneció durante años sin una definición reconocida por las autoridades estatales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que ningún gobierno estatal de Estados Unidos cuenta con facultades para modificar la frontera internacional ni determinar por cuenta propia la soberanía sobre terrenos ubicados en la zona limítrofe.
La dependencia federal recordó que los límites entre México y Estados Unidos se determinan mediante tratados internacionales y que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas establecer de qué lado del cauce se encuentra cada territorio.
El gobierno mexicano mantendrá el seguimiento del caso mediante los mecanismos bilaterales mientras se define la situación de las nueve islas. Sheinbaum insistió en que la decisión no corresponde al gobierno de Texas y deberá ajustarse a los acuerdos internacionales vigentes entre ambos países.
