POR Guillermo Guadarrama
Denunciando abusos de parte del director regional de la Defensoría Pública del Estado de México, servidores públicos, hicieron el llamado al gobierno del Estado de sustituir a Omar Vargas Hernández, a quien se le acusa de acoso sexual y laboral.
Argumentaron que se trata de despidos injustificados y traslados laborales lejos de sus hogares, pese a problemas económicos y físicos y sin brindarles viáticos, así como el acoso sexual de parte de Omar Vargas Hernández hacia las trabajadoras.
Este domingo, cuatro servidores públicos se reunieron para explicar sus casos en contra del director regional de esta defensoría, no obstante aseguran que se trata de al menos 50 empleados quienes han sufrido de los actos de la «prepotencia» de dicha persona, quienes por miedo no han querido alzar la voz.
Los servidores Brian Reza, María Yoalli Aguilar, Julia Hernández Salazar y Rocío Ronquillo García, también hicieron la petición de que no existan represalias por esta queja, pues argumentaron que en otras ocasiones las autoridades han tomado medidas negativas sobre sus peticiones, como el cambio de lugar de trabajo.
Comentaron que durante la noche anterior a esta conferencia efectuada este domingo, las autoridades de la defensoría estuvieron llamando a los demandantes ofreciendo el regreso directo a sus labores en las instalaciones más cercanas a sus hogares.
Ante esta denuncia ciudadana, la Defensoría Pública del Estado de México, anunció (a través de un comunicado) «Sobre las peticiones de cambio de adscripción de Brian Reza Carrillo, defensor público adscrito a los juzgados civiles y familiares de Otumba; María Yoalli Aguilar López, defensora pública adscrita a los juzgados civiles y familiares del distrito judicial de Ecatepec con residencia en Tecámac; y Julia Gabriela Hernández Salazar, secretaría «b» adscrita a la oficina Regional Zona Nororiente, el Instituto de la Defensoría Pública analiza de manera individual sus casos para poder atenderlos sin dejar de lado la obligación de esta dependencia de brindar defensa penal y patrocinios en materia civil, familiar y administrativa a las y los mexiquenses que lo requieran en todo el territorio de esta entidad».
