REDACCIÓN
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde los hogares gastan más en transporte, con 19 por ciento de su gasto y un promedio de mil 815 pesos al mes, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Al dar a conocer el “Índice de Movilidad Urbana (IMU), especialistas del centro de investigación destacaron que los hogares de la periferia destinan hasta 22.4 por ciento de su gasto en transporte y pierden horas productivas para llegar a sus actividades.
En rueda de prensa, compararon que mientras en México en promedio los hogares destinan 19 por ciento de su gasto en transporte, en otros países de la OCDE como en India es 16 por ciento, en Canadá 16 por ciento, Rusia 13 por ciento, y Corea y Japón 12 por ciento, cada uno.
La coordinadora de Proyectos del Imco, Fátima Masse, señaló que cada año se pierden en la Ciudad de México 33 mil millones de pesos en productividad a causa la congestión vehicular, ya que las personas destinan más horas en transportarse debido a movilidad ineficiente.
Por su parte, el científico de Datos del Imco, Óscar Ruiz, comentó que en las 20 ciudades mexicanas analizadas en este estudio en cuanto a sus condiciones de movilidad, en promedio 18 por ciento de las personas dejó de utilizar transporte público por sentirse inseguro.
De acuerdo con los resultados del IMU, las ciudades mexicanas con la movilidad más competitiva son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, mientras que las menos competitivas son Villahermosa y Acapulco.
El estudio señala que en México, entre 1990 y 2015, los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población, mientras que en 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes de México no registraron inversión en transporte público.
El IMCO menciona que solo la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Coahuila cuentan con una ley específica de movilidad.
Ante estos resultados, propone seis acciones específicas para mejorar la movilidad urbana del país y, con ello, la calidad de vida de las personas.
Estas son: promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre gobierno y empresas.
Además, elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público y no motorizado.
Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas, planteó.
Asimismo, fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT) y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos (como en Ciudad de México y Guadalajara).
Dotar a los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial, agregó.
