REDACCIÓN
En el Gobierno Federal «no hay intocables», aseguró la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien dejó en claro que «la corrupción ya no se tolera» y se actúa sin consignas, ni fobias, ni filias para proteger o escudar a nadie.
Al responder preguntas de legisladores como parte de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados por la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria subrayó que aquí no se investiga por consigna «en lo absoluto».
Subrayó que lo que sí tienen claro en la dependencia «es que tenemos que hacer todo con mucha responsabilidad, con mucho apego a la norma y uno de los principios fundamentales para realizar nuestras tareas es el principio de presunción de inocencia y de exhaustividad».
Entonces, insistió, «tenemos que hacer las investigaciones como corresponde, cumpliendo las diligencias en tiempo y forma, y yendo a fondo para que las investigaciones sean exhaustivas y muy concretas y se apeguen a los procedimientos y a los tiempos».
Sandoval Ballesteros respondió a un planteamiento de Josefina Salazar Báez, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), quien preguntó por qué aún no se tiene claro el caso del titular de la CFE, Manuel Bartlett, que presuntamente tiene como propiedad 25 casas con un valor mayor a los 800 millones de pesos.
Sostuvo que el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asciende, por mucho, a otros muy cuestionados anteriormente, como el de la «Casa Blanca», en el que estuvo involucrada la exesposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y se refería a una propiedad de 48 millones de pesos.
La secretaria de la Función Pública contestó que «la instrucción del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y la convicción de una servidora es que ya no hay intocables y lo hemos demostrado con las investigaciones abiertas».
Explicó que la denuncia que se presentó en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Función Pública se respondió de inmediato, en términos de abrir la investigación correspondiente y ello, de hecho, se inscribe en la lógica de combatir la impunidad.
Hizo notar que se ha sancionado a servidores públicos de la pasada administración y de la actual; «algunos del actual gobierno son altos mandos, sus nombres de dominio público y están siendo investigados e incluso se han tomado ya medidas sancionatorias a algunas de sus empresas involucradas con estos funcionarios, altos miembros del gabinete legal y ampliado”.
