Por Lilia González
Con el objetivo de que los delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito sean sancionados severamente, la diputada Azucena Cisneros Coss propuso catalogarlos como delitos graves y, con ello, se ordene prisión preventiva oficiosa.
“La presente iniciativa será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno; basta como justificante saber que nuestro Estado es considerado, dentro de todos los estudios y estadísticas, como uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad”, señaló.
Por lo anterior, indicó que resulta necesario que se reforme el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para que la ley no sea permisiva ante la comisión de estos delitos por parte de personas funcionarias públicas, con lo cual se estaría cumpliendo con varios de los fines del Derecho Penal, entre ellos prevenir y disuadir la realización de conductas que no solo lesionan al servicio público, sino a la sociedad en general, sancionándolos con más severidad pero, también, haciéndolos conscientes de la responsabilidad y consecuencias de sus conductas en la vida pública.
“Con ello se espera que la ciudadanía vuelva a confiar en nuestras instituciones públicas y tengan certeza de que los trámites realizados ante cualquier servidor público serán siempre apegados a derecho”, agregó.
