Por Lilia González
Para contribuir al rescate financiero del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa al Congreso local para desincorporar y enajenar 22 inmuebles de su propiedad.
Tras su presentación, se dijo que la iniciativa busca facilitar que el Instituto se allegue de recursos complementarios necesarios para realizar acciones con un impacto real y perdurable, a fin de mantener el bienestar de sus derechohabientes sin afectar sus finanzas y sin agregarle presión adicional al presupuesto corriente del estado.
Se indicó que con el objetivo de transparentar el proceso de venta, se privilegiará el procedimiento de subasta pública, permitiendo a cualquier interesado su participación en la compra de cualquier bien, en igualdad de condiciones y sin restricciones comerciales, señalando que lo recaudado será destinado al fortalecimiento de sus reservas financieras y, con ello, se contribuirá al fondeo de las prestaciones de seguridad social.
Entre la exposición de motivos, se aseguró que todos estos predios se encuentran en desuso y no están contemplados para un proyecto de mediano o largo plazo, por lo que son factibles de enajenar, puesto que además de poder obtener una importante fuente de ingresos, permitirá la reducción permanente del gasto operativo, erogaciones y recursos asociados a su administración, vigilancia y mantenimiento.
“Es importante señalar que el Centro INAH del Estado de México determinó que los inmuebles no cuentan con calidad monumental, histórica ni arqueológica y, por tanto, no están dentro del polígono de protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, se agregó.
Asimismo, se consideró que el valor de los inmuebles que servirán de base para la subasta pública no será menor del que determine el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, por tanto, la iniciativa fue remitida a la comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen.
Por otra parte, aprobaron que para ocupar la dirección de organismos de agua municipales se requerirá de experiencia mínima de dos años en la materia, o bien, con experiencia probatoria en la prestación de servicios; aprobaron la creación del Fondo de Movilidad para ciclistas y transeúntes, que será utilizado en implementar mejoras a la infraestructura de movilidad alternativa, así como proteger el derecho humano al uso de la bicicleta como medio de transporte.
Además, se emitió un exhorto al Poder Judicial del Estado con la finalidad de que implemente un protocolo de seguridad para diligencias fuera de juzgado, destinado a personas notificadoras y ejecutoras, y se avaló la renuncia de Myrna Araceli García Morón como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
